En junio de 2004, un dirigente agrario del sindicato COAG denunció públicamente que la Junta de Andalucía había financiado a este sindicato con 20 millones de pesetas (120.000 euros), para organizar en 2002 las protestas de los agricultores contra la orden del algodón del Ministerio de Agricultura y Pesca, al frente del cual se encontraba entonces el ministro del PP, Miguel Arias Cañete. LLegaron a cortar las vías del AVE en Santa Justa y ocuparon con sus tractores la Plaza de España de Sevilla.

ABC siguió el rastro de esta denuncia y descubrió, en documentos internos de este sindicato agrario próximo al PSOE, que esta financiación había llegado a través de subvenciones concedidas por la empresa pública DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero), dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca, en ese momento gestionada por Paulino Plata. Concretamente, en la contabilidad interna de COAG figuraba, junto a las siglas DAP y bajo el epígrafe «movida del algodón», la cantidad de 20 millones de pesetas. Este apunte se correspondía con la denuncia del dirigente de la COAG, que más tarde abandonó el sindicato y que fue duramente criticado por el secretario general de la COAG, Miguel López, al que había puesto en la picota al descubrir cómo se financiaba el sindicato. El PP denuncia que este hecho da pistas de que «parte de ese entramado de empresas públicas sirve a los intereses del PSOE».

Estos hechos pusieron al descubierto como, desde una de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, se financiaba a organizaciones afines para que montaran protestas contra el Gobierno de Aznar. Al ser empresas opacas, la oposición no podía conocer a quién y para qué se dan estas subvenciones.

La concesión de esta subvención puso al descubierto un entramado que es difícil desenmarañar, pero apuntó en la buena dirección de qué hace la Junta de Andalucía con el dinero de todos los andaluces, cuando se trataba de hacer ruido contra el Gobierno del PP.