La entrada de las grandes superficies de alimentación en Lanzarote será una realidad en breve. El jueves pasado se aprobó en el Parlamento la nueva Ley de Comercio, que abre la puerta a estas empresas y que se ha tramitado para adaptarse a la Directiva Europea de Servicios en el Mercado Interior.

Hasta ahora, en Lanzarote, no se podían implantar estas grandes superficies por el criterio seguido por el Gobierno de Canarias, modificado ya por las obligaciones que llegan de Europa. En todo caso, si no hubiera sido Europa, habrían sido los tribunales. Recientemente se conocían dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y otra del Supremo. La primera otorga directamente a la cadena Lidl la licencia comercial específica que le negó el Gobierno hace dos años y medio y la segunda dice al TSJC que tiene que volver a emitir una sentencia para dar licencia a otra superficie, en Argana Centro.

Lanzarote es la isla con la cesta de la compra más cara, sólo superada por La Gomera. Son dos los factores que se han manejado como culpables de esta situación: el coste del transporte y el duopolio existente en la Isla en este sector, dominado por dos cadenas que ocupan las dos terceras partes de toda la superficie comercial.

Primero, el consumidor

El Gobierno alegaba que la entrada de grandes superficies iba a perjudicar al tejido empresarial local, a los pequeños y medianos comercios y que iba a destruir puestos de trabajo. El criterio del TSJC es claro: dice que la entrada de estas superficies lo que produce en primer lugar es precisamente la creación de puestos de trabajo y que hay que primar los derechos de los consumidores.

Éstos, los consumidores, están más que contentos con los fallos judiciales y con la próxima apertura de los establecimientos. En la Isla, casi dos mil personas se manifestaron contra el alto coste de la cesta de la compra y dirigieron sus protestas en aquella ocasión hacia las cadenas Hiperdino y Spar. El presidente de la asociación de consumidores Aculanza, Fernando Jiménez, señala que ellos están «encantados» con estas sentencias y que se demuestra que lo que ha estado haciendo el Gobierno es «defender los intereses de un lobby». Jiménez lamenta los dos años y medio perdidos para la implantación de superficies de descuento duro y aboga por la eliminación de restricciones a las superficies de las grandes firmas.

Por su parte, la Cámara de Comercio se remite a las alegaciones que hicieron a la Ley de Comercio, y que, en resumen, vienen a decir que dicha ley fija límites subjetivos que restringen la libertad de prestación de servicios. La Cámara decía que, al final, sería el Gobierno quien decidiese qué se abre y qué no se abre, con lo que el empresario no podría saber si le va a dar la licencia o no y se le crea una inseguridad jurídica en este sentido.