El Gobierno enfurece también a los mediadores de Londres
La asesoría Ince & Co afirma que pasa a la Embajada española la información que consigue a través de fuentes en Somalia
«Lo que anoche dijo la ministra de Defensa es totalmente equivocado, no hay conexiones entre las firmas de abogados de Londres y los piratas», decía este jueves con enfado un madrugador correo electrónico enviado a ABC por Ince&Co, compañía especializada en derecho marítimo que está interviniendo en el caso del «Alakrana». «Asumimos que los dueños del “Alakrana”, tal vez con ayuda del Gobierno, están dialogando con los piratas. Si ese diálogo es una “conexión”, entonces la acusación que se nos hace puede aplicarse también a los propietarios o al Gobierno».
El ex Royal Marine Stephen Askins, con experiencia en contraterrorismo marítimo y responsable de la unidad de emergencia en caso de secuestro de barcos de Ince&Co, había hablado el día anterior con ABC sobre el «modus operandi» en la negociación con los corsarios y el pago de rescates. Pero las acusaciones de Carme Chacón sobre oscuras relaciones entre esas compañías y los piratas motivaron unas declaraciones complementarias de Askins.
La extradición, un error
«No sé cómo una compañía comercial puede intentar resolver estos problemas, como aconseja la ministra de Defensa, acudiendo al Gobierno de Somalia, que no es capaz de garantizar la seguridad de una tripulación a trescientas millas porque, en realidad, no se puede mover de Mogadiscio.Tampoco entiendo cómo va a abordarse una extradición de los dos piratas retenidos. No creo que entregarlos a Somalia sea el paso correcto, eso incluso podría agravar la situación».
Las palabras de Carme Chacón que tanto han incomodado a la asesoría londinense se referían también a la necesidad de «rastrear» y «cortar de raíz» los pagos de los rescates a través de los bufetes de abogados. No lo dijo, pero sí insinuó que la actividad de esas asesorías es ilegal.
Ince&Co, de larga trayectoria en legislación marítima desde su fundación en 1870 y que ya tuvo relación con España con el hundimiento del «Prestige», no es la firma de abogados del «Alakrana» ni está pagando al abogado de «Abbu Willy», según asegura, pero sí ha actuado en el caso, pasando al Gobierno información de primera mano sobre los piratas implicados. «Tenemos una fuente que nos da información. Es muy difícil corroborarla, pero todo lo que nos llega se lo pasamos a la Embajada española», explica Askins.
En esa mediación actúa especialmente un miembro del equipo de Londres de origen somalí que puede hablar la lengua local y cuyo contacto directo con otras dos personas en Somalia permite establecer y mantener comunicación con los piratas. La información relacionada con los secuestradores indica que la crisis puede ser larga.
Cuando en 2005 comenzó la actividad de los piratas en esa zona, los casos duraban tres o cuatro semanas. Luego, el grupo de somalíes que ha tomado el «Alakrana» pasó a protagonizar acciones que han durado entre ochenta y noventa días. En los últimos meses, sin embargo, el tiempo de secuestro se ha ido estirando y en un caso concreto se acaba de cumplir medio año sin resolución. Se trata del «Areana», una embarcación comercial griega con tripulación ucraniana.
«Esto no quiere decir nada necesariamente, pero las circunstancias del atunero español son tan inusuales, que la crisis tiene unas complicaciones que la pueden alargar aún más», considera Askins, refiriéndose a los agravantes de que el «Alakrana» es un pesquero —y los piratas presentan sus acciones como reacción frente al robo de su pesca (en cualquier caso el secuestro les da coartada para mantener ese discurso)— y de que el Gobierno español «ha complicado la situación» con las detenciones.
La actuación del Gobierno ha trastocado el normal desarrollo del proceso ya estandarizado: los piratas secuestran el barco, piden el rescate, lo cobran y ponen en libertad a la tripulación. El precio, que ha ido progresivamente en aumento en los últimos años, está entre 2,5 y 3 millones de dólares. «Pero aquí no basta con pagar», dice Askins, «porque los piratas piden la liberación de sus compañeros. Cuando un Gobierno se implica, entonces la cuestión pasa a ser política, y eso añade confusión. Las cosas se arreglan mejor si todo queda en un trato comercial». Que es de lo que saben piratas y mediadores.
Sobre el proceso de diálogo con los corsarios, no existen reglas. Hay períodos en los que se habla a diario y otros en los que pasan días sin que haya comunicación. El dinero del rescate «raramente se prepara o se reúne en Londres, sino que normalmente es provisto por las compañías de seguros en el país en que está domiciliado el propietario del barco o su gestor», en una operación de la que «son informadas las autoridades relevantes». Enviada la suma a una base próxima a lugar del conflicto, el dinero se lanza en paracaídas o bien se entrega en remolcador si además los piratas reclaman víveres o combustible.
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