Lo adelantó ABC
ABC ya publicó el pasado mes de mayo cómo entidades de la órbita del PSOE, entre ellas la Fundación Alternativas, recibieron subvenciones concedidas por la Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que es titular Diego López Garrido desde abril de 2008. Tales ayudas tienen por objeto divulgar, mediante la elaboración de estudios, «congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar», asuntos relacionados con las competencias del departamento de López Garrido.
En la información de este periódico se señalaba también cómo UGT y CC.OO se encontraban entre las más beneficiadas, al acaparar las subvenciones más cuantiosas.
Otras ayudas fueron a parar, por ejemplo, a la Fundación Pablo Iglesias, que preside Alfonso Guerra, y de la que forman parte, entre otros, el vicepresidente Manuel Chaves, y los ministros Carme Chacón y Trinidad Jiménez.
En la información de este periódico se señalaba también cómo UGT y CC.OO se encontraban entre las más beneficiadas, al acaparar las subvenciones más cuantiosas.
Otras ayudas fueron a parar, por ejemplo, a la Fundación Pablo Iglesias, que preside Alfonso Guerra, y de la que forman parte, entre otros, el vicepresidente Manuel Chaves, y los ministros Carme Chacón y Trinidad Jiménez.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tendrá que declarar como imputado el próximo 4 de diciembre, a partir de las once de la mañana. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió ayer a trámite la querella que, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ha presentado contra el dirigente socialista el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Ayer, López Garrido se mostró sereno: «Estoy absolutamente tranquilo. Está todo clarísimo», dijo a los periodistas al concluir su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.
Los hechos se refieren a la concesión en julio de 2008 y en abril de 2009 de dos subvenciones, por importe de 60.000 y 18.000 euros, a la Fundación Alternativas, de la que el propio López Garrido fue patrono hasta el 25 de mayo de 2009 (según la Fundación, López Garrido presentó la renuncia el 21 de abril de 2008, nada más ser nombrado secretario de Estado). Los querellantes consideran que vulneró la ley de incompatibilidades pues desde su cargo en el Gobierno favoreció a una entidad de cuyo consejo de administración él mismo formaba parte.
Requisitos cumplidos
En un auto dictado ayer, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Plaza de Castilla señala que la querella cumple todos los requisitos, formales y procesales, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para su admisión a trámite.
Entre los primeros, señala que el escrito fue presentado por procurador, ratificado por el querellante y firmado por letrado; en él se expresan tanto el órgano al que se dirige, como el nombre del querellado y su cargo como secretario de Estado para la UE.
La querella también «contiene relación circunstanciada de los hechos», que en este caso son una «sucesión de actos y resoluciones administrativas sobre subvenciones o ayudas concedidas en 2008 y 2009 a la Fundación Alternativas de la que el querellado es patrono». Según el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, tales hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
Los requisitos procesales, que, según señala el juez, también cumple la querella, se refieren a la «capacidad y legitimación» de los querellantes como perjudicados y, en especial, a la «relevancia penal de los hechos» que se relatan en el escrito, no los que resulten acreditados en la instrucción. De hecho, «si averiguarlos es el objeto del proceso, su verificación no puede convertirse en presupuesto de la incoación», concluye el auto.
Por lo tanto, el juez decide admitir a trámite la querella y practicar las diligencias «necesarias para la averiguación y esclarecimiento» de los hechos denunciados, así como de sus autores. Y la primera de esas diligencias será la declaración de López Garrido en calidad de imputado.
Por último, el juez exime a los querellantes del abono de una fianza, pues considera que son parte «ofendida».
Quiero «ver los papeles»
Tras estudiar los documentos que le ha remitido el Juzgado, López Garrido compareció en rueda de prensa para segurar que no piensa dimitir y que las dos subvenciones objeto de la querella se concedieron a la Fundación cuando él ya no formaba parte del patronato. «Estoy absolutamente tranquilo. Está todo clarísimo», dijo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su deseo de que todo se aclare «rápidamente», pero no quiso opinar sobre la decisión judicial. «La posición del Gobierno en relación con estos temas es de respeto absoluto», se limitó a decir.
