El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del «caso Alakrana», pidió ayer al Estado Mayor de la Defensa que certifique bajo qué pabellón navegaba el buque vasco cuando el pasado 2 de octubre fue abordado por los piratas somalíes en el Índico. El magistrado realizó esta solicitud después de que el abogado de «Abdu Willy» cuestionara la jurisdicción española para investigar un delito cometido en un buque en el que ondeaba la ikurriña y no la bandera española.
En respuesta a otra petición del mismo letrado, Pedraz también ordenó a la Comisaría General de Información que determine en qué aguas fueron arrestados los dos piratas que se encuentran en prisión preventiva.
En uno de los escritos presentados ayer ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio sostiene que la detención llevada a cabo por la fragata española «Canarias» se produjo en aguas somalíes y no en internacionales, lo que «puede afectar a la competencia española por aplicación de la legislación internacional». El letrado sostiene que la nacionalidad de un buque «depende de la bandera que enarbole» y que la ausencia de una enseña española convierte al «Alakrana» en un «buque no español».
Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que a efectos de Derecho Penal no hay duda de que, aun en el supuesto de que el buque no ondeara físicamente la bandera española, el «Alakrana» es un barco español, con armador y patrón españoles, tripulación española y carga con destino a España. «A diferencia del Derecho Administrativo, en Penal lo que interesa es la verdad material», apuntaron esas mismas fuentes.
Las prisas de la defensa
En plena ofensiva para que este asunto se resuelva cuanto antes, a pesar de que los tiempos judiciales no son los mismos que los políticos ni mediáticos, el letrado recurrió también ayer la providencia dictada por Pedraz el día anterior, en la que el juez pospuso para el «momento procesal oportuno» la determinación de imputaciones que había solicitado este abogado. A última hora de la mañana de ayer, el juez dio traslado a las partes (a la Fiscalía y a la defensa del otro pirata, Raageggesey Adji Haman) para que informen sobre este recurso de reforma.
En su escrito, Díaz Aparicio vuelve a insistir en la necesidad de concretar las imputaciones contra su cliente, y ello a pesar de que en el momento actual se trata de unas diligencias previas que todavía no se han transformado en procedimiento abreviado o, en su caso, en sumario. Considera que mientras parece clara la atribución de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con fuerza es unánime en juez, Fiscalía y Sala de lo Penal, no sucede lo mismo con el delito de asociación ilícita, mencionado por el juez, pero no por el Ministerio Público.
Por este motivo, pide al instructor que «dicte una nueva resolución en la que se concrete que los hechos imputados han sido robo y detención ilegal». La supresión de la asociación ilícita no es cuestión baladí para la defensa, pues la existencia de este delito cerraría la puerta definitivamente a una hipotética expulsión vía Ley de Extranjería.
Por último, y en un tercer escrito, Díaz Aparicio se pone «a disposición» de la Fiscalía para «mantener conversaciones» que puedan desembocar en una conformidad. Advierte que «este asunto tiene unas connotaciones especiales y una repercusión mediática importante» y que «las instituciones del Estado están en tela de juicio».
