El prestigioso economista alemán Juergen B. Donges es uno de los expertos que mejor pueden valorar la posible implantación en España del modelo de reparto de trabajo de Alemania, que combina reducción de jornada y prestación de desempleo. Preguntado si ese sistema se podría aplicar en nuestro país, Donges manifestó a este periódico que, «como poder, se puede. Pero no por eso es aconsejable. Tampoco veo muy claro en qué consistiría la ventaja del sistema alemán, tal y como se aplica ahora, frente a lo que existe ya en España con la combinación de prestaciones por desempleo y expediente por regulación de empleo temporal. Además, habría que convencer a los empresarios españoles que emplean personal con contratos temporales, que los prolonguen y hagan a cambio uso de la ayuda pública; posiblemente prefieren no renovar. Sea como fuere, para las pequeñas empresas, con menos de 20 empleados, la fórmula alemana no sería viable porque la infrautilización de la capacidad productiva tarde o temprano desembocaría en la quiebra».

«Paro encubierto»

Este catedrático y director del Instituto de Política Económica de la universidad de Colonia pone en duda la afirmación de CC.OO. de que podrían salvarse 450.000 empleos en nuestro país si se aplicara el modelo alemán. «Salvarse, propiamente dicho, no se salva nada. Lo que se hace es convertir paro registrado en paro encubierto, sin garantía alguna para los trabajadores que se quiere proteger de que su empleo pueda ser duradero. Entiendo que los políticos quieren suavizar la alarma social que un brusco aumento del desempleo puede hacer detonar. Pero les pido que no den la impresión de disponer de una herramienta milagrosa para resolver los problemas del mercado de trabajo». Y subraya que «el que los sindicatos vean con tan buenos ojos este sistema, como también los nuestros, se debe a que quieren declinar toda responsabilidad por el empleo y traspasarla al Estado y al contribuyente, que con sus impuestos financia todo esto».

Donges subraya que el sistema de prestación por reducción de la jornada de trabajo «es justificable como alternativa al despido si se aplica transitoriamente y las empresas corren con una parte del coste. Este fue el caso de Alemania desde su introducción en 1957 hasta la crisis actual». Y destaca que en aquel país «el coste fiscal es alto, unos 5.000 millones sólo en 2009». Además, las empresas «tienen un incentivo perverso de utilizar esta medida al máximo, es decir, con independencia de que la actividad se recupere».