Cuando se cumplen ya 42 días del secuestro del «Alakrana» y cada vez parece más complicado dar una solución jurídica y legal a este colosal embrollo, no dejan de abrirse nuevos frentes entre los protagonistas de este episodio en alta mar con consecuencias transfronterizas. El último, el más grave que se recuerda entre el Gobierno y la Audiencia Nacional, que ha pasado del mutismo más absoluto a salir al paso de las insinuaciones del Ejecutivo, que en su afán por lanzar la pelota al tejado de la Justicia, no ha dudado en culpar a la Audiencia de la situación en la que ha puesto a España el traslado de los piratas.

El presidente de este Tribunal, Ángel Juanes, decidió lanzar ayer un mensaje claro: el Gobierno es el único responsable de esta situación y quien se empeñó en trasladar a España a «Abdu Willy» y a su compañero Raageggesey Adji Haman, hoy en prisión preventiva tras el largo peregrinaje judicial del primero.

En un comunicado, Juanes, defendió ayer la intervención de los jueces (Garzón y Pedraz) en este procedimiento asegurando que la Audiencia se limitó a recoger el testigo de una petición que partió del Gobierno, cuyos servicios jurídicos no están personados en la causa.

En el marco de la legalidad

El escrito recuerda que la actuación de Garzón se realizó «en el marco de la más estricta legalidad» y en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Es decir, el magistrado no actuó de oficio. «Ni el juez de guardia ni el juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas una vez que le constó su detención».

Tampoco los jueces tuvieron constancia en ningún momento «de que existiera intención de trasladar a los piratas a un tercer país», de forma que se procedió a legalizar la situación de dos personas privadas de libertad tras el abordaje por parte de la Armada española una vez que se conoció la misma y previa petición del Ministerio Fiscal.

«Ningún juez ha reclamado para sí competencia del caso ni exigió que se presentara denuncia alguna. Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado se resolvió la competencia previo informe» de la Fiscalía, apunta. Finalmente insiste en que el juez de guardia (Garzón) «tramitó la causa por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos».

Entretanto, la instrucción de la causa sigue su cauce, y el abogado de «Abdu Willy», que cree tener en sus manos la solución a este embrollo jurídico, podría no contar en los próximos días con el apoyo de la Fiscalía, a su vez también molesta con las insinuaciones del Ejecutivo. El letrado Díaz Aparicio remitió ayer un escrito al juzgado en el que de forma «sorpresiva y atípica» -por cuanto se trata de unas diligencias previas que todavía no se han transformado en sumario o, en su caso, procedimiento abreviado-, pide al juez Pedraz que «fije los hechos objeto de la imputación y dicte la resolución procesal pertinente». La respuesta del magistrado no se hizo esperar. Al final de la mañana el juez dictaba una providencia del siguiente tenor: «Los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno».

En ese mismo escrito el letrado de «Abdu Willy» deja ver cuál será su estrategia de defensa y, a su juicio, la pócima para liberar a los 36 tripulantes del «Alakrana»: la expulsión de los piratas de España vía Ley de Extranjería, que prevé esta medida en los casos en los que la pena a la que se enfrenta el imputado en cuestión sea inferior a seis años de cárcel. Esto se conseguiría, a juicio del abogado, si, por un lado, no se acusa a estos delincuentes del delito de asociación ilícita, y si, por otro, se tiene en cuenta que el delito de detención ilegal se consumó en un periodo inferior a tres días (fueron arrestados a los dos días del abordaje), lo que en teoría les beneficia.

Aparicio pretende que las diligencias se transformen en procedimiento abreviado (penas inferiores a nueve años) y no en sumario, lo que parece harto difícil teniendo en cuenta que, aunque los delincuentes no fueran procesados por asociación ilícita, lo tendrían que ser, como apuntó la Fiscalía, por 36 delitos -que no uno- de detención ilegal, lo que ya excede con creces de esos nueve años.