Los abogados de los familiares de los once franceses muertos en el atentado del 8 de mayo de 2002 en Karachi (Pakistán) están convencidos de que fueron víctimas de una venganza en la cúspide del poder político paquistaní contra quienes en París decidieron no pagar las millonarias comisiones prometidas por la compra-venta de submarinos en la cúspide del poder político francés.

En su día, el atentado de Karachi, en el que murieron once técnicos e ingenieros de la «Direction des constructions navales internationales» (DCNI) -desplazados desde Francia Pakistán para cumplir un contrato- fue presentado como una acción terrorista de Al Qaida. Desde hace años, las familias de las víctimas desconfían y ponen en duda esa versión oficial. Tenaces, sus abogados han convencido a dos jueces antiterroristas sobre otra posible versión del atentado.

Según filtraciones judiciales, el antiguo director financiero y jurídico de la DCNI habría declarado que «el poder político, al más alto nivel» habría «impuesto» unos intermediarios (libaneses) con el fin de conseguir en 1994 la venta de tres submarinos de clase Agosta.

«Mister 10%»

Según tal versión, François Leotard, ministro de Defensa de François Mitterrand (socialista) y Edouard Balladur (conservador), habría «impuesto» al DCNI unos intermediarios libaneses, que negociaron los detalles del acuerdo franco-paquistaní, pagando comisiones a Asif Ali Zardari, actual presidente de Pakistán, viudo de Benazir Bhutto. Según los abogados de las víctimas, Benazir Bhutto -asesinada en diciembre de 2007- estaba al corriente de las millonarias comisiones que cobraba su esposo y consejero antes de ser presidente tras el asesinato de su esposa, que llegó a ser apodado «Mister 10%», en alusión al precio de sus intervenciones.

Las filtraciones judiciales francesas, recogidas por «France 24» y «Liberation», estiman que la DCNI francesa, a instancias del «máximo poder político» habría pagado al actual presidente de Pakistán unos 5 millones de dólares, a través de los intermediarios libaneses.

Elegido presidente de la República el mes de mayo de 1995, Jacques Chirac habría ordenado a su nuevo ministro de Defensa, Charles Millon, poner fin al pago de «comisiones oficiosas». Este detalle ha sido confirmado personalmente por el ex ministro Millon.

Según los abogados de las víctimas, el atentado criminal de 2002 sería la consecuencia última de esa «ruptura» del contrato que había permitido la venta a Pakistán de los submarinos franceses.

Los jueces antiterroristas que instruyen el caso dudan entre varias pistas. Las comisiones pagadas por orden de la cúspide política francesa tenían varios destinatarios: un 4 por ciento lo cobraban los políticos paquistaníes (Ali Zardari) y otro 6 por ciento lo cobraban los militares que, hoy como ayer, debían y deben luchar contra Al Qaida y son aliados tradicionales de EE.UU. y Europa.

Hasta hoy los abogados de las víctimas del atentado de Karachi habían topado contra los muros infranqueables del «secreto de defensa». Los detalles oficiales de los acuerdos franco-paquistaníes son relativamente bien conocidos y se firmaron en 1994, seis años antes que Francia ratificara la Convención de la OCDE que prohíbe terminantemente el pago de «comisiones oficiosas» para conseguir contratos importantes. Y las comisiones pagadas por París en Pakistán, a través de intermediarios libaneses, forman parte de un secreto de Estado bien guardado, hasta hoy.