LA ceremonia de la confusión continúa en torno a los dos piratas somalíes imputados por la Audiencia Nacional. Sea cual sea el desenlace de esta crisis judicial, resulta lamentable que sea el Estado español el que se sienta apremiado a desautorizarse a sí mismo por haber aplicado la ley procesal a dos delincuentes detenidos después de haber cometido varios delitos contra ciudadanos españoles. Quienes deberían estar preocupados son los piratas encarcelados, pero no es así porque el Gobierno acepta que el encausamiento de estos piratas es un problema que hay que resolver para facilitar la liberación del «Alakrana» y su tripulación. Por tanto, la incógnita no consiste en saber si estos piratas van a ser o no excarcelados, sino cómo puede revestirse con ropaje legal una liberación que parece inevitable.

La opinión generalizada es que no hay en el Derecho español una opción que permita devolver a los piratas a Somalia, un país que no existe como Estado -España ni siquiera tiene allí embajada- y cuya situación política y jurídica incumple los requisitos mínimos de cualquier tratado de extradición, simplemente porque ningún sedicente gobierno somalí está en condiciones de dar garantías sobre su sistema penal y penitenciario. Menos aún podrá comprometerse a juzgar a los piratas que se le entreguen y, aunque lo hiciera, sólo sería un pacto sin valor alguno que el Gobierno español no podría vigilar. Por otro lado, tampoco parece que la Audiencia Nacional esté dispuesta a acelerar el proceso penal contra estos delincuentes, que ni siquiera están procesados, a pesar de que hay contra ellos suficientes indicios de responsabilidad criminal como para ingresarlos en prisión provisional incondicional. Pero aunque este proceso se acelerara y terminase con sentencia de condena, el problema de la entrega a Somalia o un tercer país seguiría estando sobre la mesa. Resulta paradójico el revuelo mundial que han provocado los sumarios de justicia universal de este tribunal -contra genocidas de medio planeta- y la facilidad con que ahora se discute cómo renunciar a la jurisdicción del Estado español en un caso que le corresponde de manera indudable.

El respeto a la legalidad no permite la devolución de los piratas a Somalia sin antes pasar por los trámites procesales que corresponden al enjuiciamiento de sus delitos y al aseguramiento de su condena. Y esto lleva un tiempo del que no se dispone. Ahora bien, fuera de la legalidad las posibilidades son ilimitadas, incluso creando una legalidad ad hoc, como un tratado de extradición retroactivo con Somalia, que sería un acto bochornoso para el Estado de Derecho, por muy respaldado que estuviera por las familias de los secuestrados y la opinión pública. Si esta es la opción, el Gobierno habrá de asumir las consecuencias ante la comunidad internacional.

El Gobierno quiso desde el primer momento que los piratas detenidos fueran trasladados a España, rechazó la aplicación del convenio de entrega con Kenia y se absolvió políticamente del secuestro porque el «Alakrana» estaba fuera del dispositivo europeo de seguridad. Ahora, en efecto, es el momento de la prudencia y la discreción que el Gobierno no tuvo cuando más necesarias eran, porque las decisiones que harán falta para liberar el «Alakrana», si se renuncia a la intervención militar, sólo pueden gestionarse, pactarse y ejecutarse en la opacidad más absoluta, sin transparencia ni información.