El Gobierno dejó ayer en manos de la Audiencia Nacional la solución al poblema que él mismo ha generado, al trasladar a España a los dos piratas detenidos en aguas de Somalia, después de participar en el secuestro del «Alakrana», y descarga así su responsabilidad en la Justicia. Esto es lo que se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al finalizar la reunión en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Coordinación, tras asegurar que «no sé decir en este momento la vía que el Gobierno apunte y luego la Audiencia decida. Es un tema judicial y no tengo elementos definitivos para clarificar cuál será una vía u otra». El Ejecutivo da un giro a la estrategia seguida hasta ahora, ya que fue el Abogado del Estado el que dio el primer paso para traer a España a los dos piratas e incluso presionó para que fuera declarado mayor de edad.
Lluvia de críticas
Las declaraciones de Moratinos fueron una más de la febril actividad que ayer decidió desplegar el Gobierno, después de la lluvia de críticas de las familias de los tripulantes retenidos, que acusaron al Gobierno de no hacer nada y de dejarlos abandonados. Para intentar que estas críticas de las familias, que tanto han deteriorado la imagen del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, no vuelvan a repetirse, el presidente se reunió con ellos ayer por la tarde en el Palacio de la Moncloa. A la misma hora, la Comisión de Coordinación se reunía en el Congreso de los Diputados. Minutos antes, la ministra de Defensa, por primera vez desde que se produjo el secuestro, aceptó hablar con los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara baja. Fue muy escueta, pero dejó claro que se están buscando todos los vericuetos que deja la ley para que los piratas abandonen España, como así se exige para la liberación del «Alakrana».
Esta misma idea fue repetida horas después por Moratinos, que insistió hasta la saciedad en todas las posibilidades, dentro del marco de la legalidad. Llegó a afirmar que «el Gobierno no escatima ningún esfuerzo para explorar todas las vías jurídicas y diplomáticas» y buscar una solución. Apuntó que las gestiones también se están haciendo ante la ONU, la UE y varios países africanos, así como las autoridades somalíes. En este sentido, señaló que el embajador en Kenia mantuvo ayer un contacto telefónico con el primer ministro de Somalia y que se han hecho gestiones para que el ministro del Interior de este país, natural de la zona de donde proceden los piratas que han secuestrado el «Alakrana», realice una serie de gestiones que puedan facilitar la liberación de la tripulación.
No eludió Moratinos ninguna pregunta sobre las especulaciones que se realizaron ayer sobre quién paga al nuevo abogado delos piratas trasladados a España, así como la posible utilización de la Ley de Extranjería para devolverlos a su país. Respecto a la primera cuestión, negó «con rotundidad» que sea el Gobierno quien se haya hecho cargo de sus honorarios, «no hay ninguna relación con el abogado», dijo. Sobre la aplicación de la Ley de Extranjería, lo tachó de «especulación».
El ministro de Asuntos Exteriores también tuvo que salir al paso de las declaraciones que había realizado el nuevo embajador del Reino Unido, Gilles Paxman, al subrayar que la posición de su país en estos sucesos es la de «no ceder» ante las exigencias de los delincuentes porque hacer concesiones puede animarles a cometer nuevos secuestros. A este comentario respondió sin esconder un evidente malestar: «Acaba de llegar a España». Minutos antes, rechazó que la imagen del Gobierno sea la de «debilidad», al ceder a la presión de los terroristas y, por el contrario, lo consideró «la aplicación de la legalidad».
Sáenz de Santamaría
Finalmente, desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a ofrecer el «apoyo» de los populares para la búsqueda de soluciones, pero matizó que este apoyo supone que el Gobierno tiene «una mayor responsabilidad. Espero que la asuma hasta el final».
