El sigilo es insólito. Nunca antes, desde que el pasado 2 de octubre fuese tomado el «Alakrana» por bucaneros de Somalia, habían callado los parientes de los 36 marineros apresados en el atunero vasco, cediendo la voz únicamente a los ministros del Gobierno de Zapatero. «¡Entendedlo! Es un momento muy delicado, y no queremos hacer declaraciones... Por eso no vamos a decir nada». Cristina, hija de Ricardo Blach, el patrón, apretó el paso ayer en Madrid.
Lo hizo acompañada de Argi Galbarriatu, hermana de Iker, el capitán, que, como ella, optó por esta desconocida mudez. Las dos evitaron contestar a las preguntas de los periodistas agolpados en la puerta, después de su reunión con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que les dedicó media hora. Las recibió a la una de la tarde, les explicó la situación en la que se encuentra el procedimiento judicial y, según pudo saber ABC, les dio ánimos para enfrentarse a estos duros y delicados momentos.
En el turno vespertino, a las cinco, tocó entrevista con el presidente. Dos horas, un representante por cada secuestrado, y al final, la misma reacción: hermetismo total. El mismo que continuaba más tarde, esta vez ya por teléfono. Algunos contestaron y se disculparon por no hablar, tras las llamadas de este periódico. Otros, se decantaron directamente por no descolgar.
En Moncloa, estuvo también la responsable de Medio Ambiente, Rural y Marino, la orensana Elena Espinosa, que hace cinco días, en su encuentro en tierras gallegas con los afectados, les sugirió «menos prensa». Entonces, no hicieron caso. Silvia Albés, mujer de Pablo Costas, tomaba la voz en una rueda de prensa convocada tres cuartos de hora más tarde de tal sugerencia para reclamar la «libertad de expresión, que es lo único que nos queda a todos; y si quieren que no hablemos, que nos traigan a nuestros maridos, hijos, sobrinos...». Este lunes, nadie en su móvil.
Sí se explayó desde Asuntos Exteriores, Moratinos, que anunció que se redoblarán los esfuerzos; también Chaves, vicepresidente tercero, que recomendó apoyo al Ejecutivo; Chacón, de Defensa, que apostó por soluciones dentro de la ley; y De la Vega, la número dos de Zapatero, que juntó a la célula de crisis.
Mientras, la causa judicial que instruye el juez Santiago Pedraz contra los dos piratas sigue su curso. El magistrado ordenó ayer el volcado de las llamadas de los móviles que fueron incautados a los corsarios tras su detención. Esta operación -que debe realizar la policía en presencia de la secretaria judicial y, si así lo solicitan, también de las defensas- permitirá un posterior análisis de esas llamadas.
La crisis del barco de Echebastar Fleet ha traspasado los muros de la Audiencia Nacional, llegando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente baraja si hacer público un comunicado de apoyo al tribunal y en defensa de la independencia de los jueces.

Enviar a:

¿qué es esto?