El presidente de Corporación Dermoestética, José María Suescun, declaró ayer por un presunto delito de estafa con más de ciento cincuenta perjudicadas en Valencia: las mujeres, según la tesis que mantiene la Fiscalía, habrían pagado «las mejores prótesis del mercado» y llevan implantadas otras más baratas y de peor calidad que, en algunos casos, les han provocado secuelas irreversibles.

Suescun declaró ayer como imputado. Su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 20, fue larga. Según fuentes de las acusaciones, el presidente de la clínica de estética negó tajantemente las irregularidades que le imputa el Ministerio Público y apeló a un «error informático» para justificar el hecho de que las pacientes lleven implantada una prótesis de una determinada marca y en la factura que Dermoestética les expidió figure otra marca distinta y más cara.

El presidente de Corporación Dermoestética atribuyó la denuncia sobre las presuntas irregularidades a la campaña orquestada por un antiguo empleado, Jaume Serra, el cirujano plástico que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en 2006.

La culpa, del denunciante

Suescun entró en el Juzgado pasadas las 10 horas; casi cuatro horas después, seguía dando explicaciones a la juez, a la fiscal y a los abogados de las perjudicadas que se han personado. Se abonó al «no» para rechazar cualquier irregularidad sobre la que le preguntaban los letrados y en reiteradas ocasiones responsabilizó al doctor Serra, que también está personado en la causa, de urdir una campaña contra de la mercantil.

Fue en marzo de 2007 cuando la Fiscalía de Valencia, tras meses de investigación, presentó una denuncia contra la cúpula directiva de Corporación Dermoestética por un presunto delito de estafa en los implantes mamarios.

Según el Ministerio Público, la clínica conseguía el consentimiento de las pacientes sirviéndose de «información falsa» y les implantaba una «prótesis de muy inferior calidad» de una marca distinta a la que contrataban lo que en algunos casos derivó en «graves complicaciones médicas». Tras dos años de investigación, la juez decidió archivar la causa sin practicar las diligencias que el Ministerio Público solicitaba en su denuncia. La Fiscalía recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al considerar que el sobreseimiento fue precipitado. Además de Suescun, están imputados la vicepresidenta de la empresa, Asunción Vivancos, la subdirectora general del centro, Esther Antón, y un cirujano plástico.