PSC y PP censuran unos trabajos urbanísticos cuya legalidad defiende el dirigente de CDC
El día después de que ABC publicara que en 2008 ingresó 93.300 euros por asesoramiento urbanísticos mediante una empresa suya, las críticas al secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, arribaron por doquier. Con todo, por cercana, la más severa fue la del líder de sus socios de federación, UDC, Josep Antoni Duran Lleida. En una entrevista a RAC-1, Duran subrayó la plena «legalidad» de los negocios de Puig, pero, apostilló: «legalidad no es siempre legitimidad». «La legitimidad viene dada en función de cuál sea el uso que haga de esta función profesional», abundó.
En este sentido, el propio Puig no arrojó mucha más luz. La memoria de 2008 de su sociedad (FPG Enginyeria, Estrat_gies, Gestió, Desenvolupament SL) da cuenta de los 93.300 euros de ingresos, mas no detalla por qué trabajos. Él tampoco. En declaraciones a este diario Puig respondió ayer a ABC que sus negocios privados son legales y añadió que «otros diputados de todas las formaciones políticas también lo hacen».
A propósito, el portavoz del PSC en el Parlament, Miquel Iceta, espetó, con sorna: «Es verdad que la mayoría de diputados no nos dedicamos a la intermediación urbanística, pero no le puedo decir más». «Aunque pueda ser una actuación legal, es poco ética y al margen de la moral política», terció la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
Donde cobra de CDC
Puig precisó a ABC que a través de este sociedad FPG cobra «las retribuciones del partido» y que nunca ha trabajado para ningún ayuntamiento o administración.
Puig precisó a ABC que a través de este sociedad FPG cobra «las retribuciones del partido» y que nunca ha trabajado para ningún ayuntamiento o administración.
Como explicó ABC, el pasado abril Puig auspició una controvertida y suicida moción de censura en Salou contra un equipo de gobierno que integraba CiU, con el PSC y los independientes RDS (Renovació Democràtica per Salou).
En el ánimo del dirigente convergente, según sus críticos, estaba lograr que se desbloqueara un proyecto de centro comercial que el Consistorio dejó en vía muerta en febrero de este año, por discrepancias con los promotores. Un proyecto que promueve un empresario que en otras promociones ha compartido sociedad con un hermano de Puig, Jordi.
El secretario general adjunto de CDC declaró ayer que es «falso que haya tenido nada que ver con ningún proyecto urbanístico de Salou».
