La Lotería Nacional, en el punto de mira del Gobierno

La joya de la corona

Loteros, sindicatos y oposición creen que el Gobierno tiene preparada la privatización encubierta de la joya de la corona de los juegos de apuestas estatales, el producto con mayor prestigio y el más deseado por las multinacionales del azar: la Lotería Nacional.

Entre los loteros es una vieja sospecha que ellos ya aprecian como una amenaza inminente desde que el Gobierno, un tanto subrepticiamente, incluyó esa posibilidad en las disposiciones adicionales 32 y 34 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación se debate este martes y miércoles en el Pleno del Congreso. Pero no sólo los loteros ven ese peligro. Para CCOO y UGT, que han solicitado la paralización de esas disposiciones, resulta evidente que «abordan la reforma de los juegos públicos mediante su comercialización bajo normas de derecho privado».

Impresión que coincide con la de Antonio Gallego, diputado del Grupo Popular que interpuso una enmienda sin éxito al respecto, y que entiende que «el Gobierno quiere cambiar la política de venta de las Loterías y Apuestas del Estado de tapadillo y sin un diálogo con el sector».

«Carlos» es lotero de toda la vida y vive con angustia una situación que él considera «injusta porque somos un modelo a seguir, el más eficiente del mundo y, sin embargo nos quieren liquidar». Propone usar un seudónimo para evitar «represalias» porque entre el colectivo «hay mucho miedo al futuro y a las amenazas de la LAE».

Considera, como la mayoría de su gremio, que detrás de todo se encuentra la «alarmante necesidad de liquidez del Gobierno. La Lotería es un buen negocio, que genera 2.300 millones de euros al año y en el que quieren meter mano muchas empresas extranjeras. El Gobierno ha visto una forma fácil de hacer dinero y está dispuesto a vender hasta su propia tradición, su propia confianza. Se va a vender a sí mismo».

«La LAE -asegura «Carlos»- miente de forma reiterada. Engaña cuando asegura que ha habido consenso con los loteros, cuando lo único que hemos recibido son amenazas de que nos van a quitar la exclusividad y desprecio».

«También falta a la verdad -prosigue- cuando afirma que el cambio responde a una directriz europea. Al contrario, el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado en varias sentencias que la liberalización del juego está en contra del orden público ya que el Estado tiene la responsabilidad de controlar el juego y evitar la ludopatía y esto sólo se garantiza con el modelo actual».

Sin derechos adquiridos

Pero habrá otras consecuencias como indica Miguel Ángel Rodríguez de UGT: «Las terminales que instalarán los nuevos operadores no crean puestos de trabajo y van a acabar con la mayoría de las 4.000 pequeñas y medianas empresas que ahora exieten». Es decir irían al paro entre 12.000 y 40.000 personas. Tampoco queda claro, como añade el diputado Gallego, «si se van a respetar los derechos adquiridos por los operadores a lo largo de toda su vida». Aunque «Carlos» sí tiene claro que uno de los objetivos finales de la LAE , «porque así nos los ha dado a entender, es acabar con la condición vitalicia y hereditaria de la concesión. Respetarán las pocas administraciones que queden abiertas y puedan resistir la competencia de miles de terminales por todas partes, pero sólo hasta que su titular se jubile. En unos pocos años no quedará ninguna y habrá muerto un modelo centenario y exitoso». Una fórmula que garantiza el éxito comercial y social, lo que no puede decirse de la privatización. El ejemplo más cercano, el de Francia: vendió su Lotería Nacional y los ingresos se desplomaron.