El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha ratificado en su orden de trasladar a los dos piratas detenidos el pasado 5 de octubre a España para ser juzgados y encarcelados en el penal de Soto del Real (Madrid), considerando que en toda la gestión de la crisis provodada por el secuestro del atunero vasco «Alakrana» se ha actuado correctamente. Y ha dicho que esa actuación correcta ha procedido tanto del poder Ejecutivo como del Judicial, que actuaron conforme a la legalidad.

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha sido investido «doctor honoris causa» por la Universidad de Jaén, la primera que dedica esta distinción al siempre controvertido y mediático juez. Pero en este acto, Garzón ha recibido a un batallón de informadores que le han preguntado casi de forma monográfica por el tema que ocupa las primeras planas de los periódicos y telediarios desde el pasado jueves, cuando el caso dio un giro dramático tras las llamadas de los familiares advirtiendo que los corsarios somalíes que habían apresado el barco desde hacía más de un mes «iban a trasladar a tres marineros a tierra» y estaban dispuestos, incluso, a ejecutarlos de tres en tres hasta que se extraditase a «Abdu Willy» y Raageggesey Adji Haman, los dos bucaneros en España. Garzón ha respondido con contundencia: «No se puede ceder a la prisión» que están ejerciendo los piratas que se encuentran a bordo del «Alakrana».

Según el juez de la Audiencia Nacional, la ley faculta varias vías para resolver el problema sin ceder al chantaje, pero se ha negado a explicarlas en aras de «no influir» en los órganos competentes para aplicarlas y ponerla en marcha. Desde su punto de vita, encarcelar a los dos piratas detenidos cuando se bajaron del «Alakrana» tras la retención de los 36 marineros que iban a bordo -el pasado 2 de octubre- «no ha sido en ningún caso un error». «Hace falta una gran dosis de responsabilidad en todos, tanto en los medios de comunicación como en la clase política», ha sugerido.

Para Baltasar Garzón, hay dos cuestiones fundamentales: la aplicación correcta de la ley, y la seguridad de la tripulación, el respeto por las víctimas que todavía permanecen a bordo del barco, por lo que será el Gobierno el que negocie ahora cómo equilibrar ambos conceptos.