EL conflicto político de Honduras ha sido mal enfocado desde un principio, de modo que difícilmente podría haberse resuelto con la facilidad que aparentaban los términos del acuerdo firmado hace una semana por representantes del presidente de facto, Roberto Micheletti, y del depuesto Manuel Zelaya. Tal vez se habían depositado demasiadas esperanzas en ese documento que dijeron aceptar ambas partes bajo la presión de Estados Unidos, porque era evidente que cada cual estaba haciendo una lectura distinta del mismo. Para Zelaya, el único objetivo era su restitución en el poder, mientras que para las autoridades que reconocen a Micheletti, se trataba esencialmente de salvaguardar la legitimidad de las elecciones que se han de celebrar este 29 de noviembre, según la Constitución hondureña.

La actitud de Zelaya y sus seguidores, declarando roto el acuerdo, obligará a la comunidad internacional a tomar una decisión, en este caso definitiva, sobre la validez de las elecciones. Hasta ahora se había amenazado a las autoridades que ejercen el poder con no reconocer la legitimidad de la cita electoral. Después del acuerdo de «Tegucigalpa-San José» se anunció que el resultado de la consulta electoral sería reconocido como parte del pacto, por lo que la actitud de Zelaya obligará ahora a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, a Estados Unidos y a España a tener que definirse dando la razón a unos o a otros.

Por ahora, Micheletti ha seguido al pie de la letra lo que establece la Constitución hondureña sobre las elecciones que la ley obliga a celebrar cada cuatro años, incluyendo la transferencia del mando del Ejército al Tribunal Supremo Electoral. Por el contrario, Zelaya no ha querido aceptar las ofertas de los partidos de izquierda que le abrían sus listas para acoger candidatos que le fueran favorables porque el presidente depuesto ha hecho de su restauración como presidente el elemento central de cualquier solución. El acuerdo que Zelaya ha dado por roto pone esta eventualidad en manos del Parlamento, pero los diputados -que votaron en junio casi por unanimidad su destitución- no tienen prisa por revisar esa decisión. Parece evidente que si hay que elegir entre una u otra opción, la comunidad internacional hará bien apoyando la celebración de las elecciones, que son la salida con más posibilidades de poner fin al conflicto y permitir a este pequeño país volver a la senda democrática.