Los abogados que asisten a miembros de ETA-Batasuna analizan las informaciones difundidas sobre el Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel) para utilizarlas en su estrategia de presentar a los terroristas y cómplices como víctimas de un «estado opresor», España.

En las Fuerzas de Seguridad ha provocado «estupor», cuando no «indignación», la polémica suscitada en torno a este Sistema, que en los últimos años ha sido clave para concluir con éxito importantes operaciones antiterroristas e investigaciones relacionadas con el narcotráfico y las mafias. Sitel, además, adquiere especial trascendencia cuando la Policía debe resolver casos de secuestros, donde se actúa contrarreloj de cara a salvar vidas humanas.

Aireada la supuesta utilización ilegal del citado sistema de espionaje, el «frente jurídico» de ETA-Batasuna se dispone a sacar tajada de la polémica. Por una parte, estos letrados tratarían de estudiar la posibilidad de solicitar la nulidad de recientes operaciones adudiendo la supuesta ilegalidad de Sitel, aunque las investigaciones se hubieran desarrollado bajo estricto control judicial. Se mencionan las recientes detenciones de Otegi y compañía, en una operación en la que, por ejemplo, se tuvo que vigilar la sede de LAB, un sindicato aún legal. Además, el «frente jurídico», de acuerdo con estas fuentes, emprenderá una campaña propagandística para transmitir en el ámbito internacional que España es un «estado opresor», que utiliza métodos de espionaje ilegales para perseguir a la «disidencia» independentista vasca. No es descartable que ETA-Batasuna intente llevar sus denuncias ante tribunales europeos de Derechos Humanos e incluso ante la propia ONU. La propaganda le resultaría «gratis».

Los medios consultados temen que, a partir de ahora, algún juez ponga alguna traba a las investigaciones, que podrían tener repercusiones nefastas en casos en los que corren peligro las personas.

Estas mismas fuentes consideran que si un partido alberga dudas acerca de la utilización de Sitel, el cauce más responsable para disiparlas hubiera sido el propio Parlamento. Es decir, que los portavoces de los partidos que habitualmente se encargan de este tipo de asuntos delicados hubieran recibido las oportunas explicaciones. «Con las cosas de comer no se juega», afirman de forma gráfica las fuentes consultadas. Se da la circunstancia, además, de que el pasado16 de septiembre, tras saltar la polémica a los medios de comunicación, la Agencia de Protección de Datos abrió de oficio una investigación al respecto.

Ayer, la secretaria general del PP, Dolores De Cospedal, recordó ayer cómo este verano denunció que su partido había sufrido la incerceptación de comunicaciones y que se habían filtrado a los medios conversaciones que no aparecían en sumarios.