La presión social que ha levantado el inminente corte de cuatro millones de líneas de teléfonos prepago cuyos usuarios siguen a día de hoy sin identificar ha puesto a Alfredo Pérez-Rubalcaba, ministro de Interior, entre la espada y la pared.

Ayer mismo por la tarde, Rubalcaba convocaba «in extremis» a las principales operadoras de nuestro país, Telefónica, Vodafone y Orange, y a su patronal, Redtel, a una reunión que se celebrará hoy a las doce de la mañana y que pretende poner algo de orden en una iniciativa que puede desconectar a más del 70% de las tarjetas de prepago que existen en España.

Según fuentes cercanas al ministro, Rubalcaba estudia ahora la posibilidad de que las personas afectadas por la Ley de Conservación de datos electrónicos puedan recuperar su antiguo número y el saldo una vez se hayan registrado en su proveedor, tal y como había solicitado Redtel al Ejecutivo en los últimos días.

Las mismas fuentes aseguran que, como máximo, Interior dará un plazo extra de seis meses. No obstante, no se trata de una prórroga de la ley, sino de ofrecer la posibilidad de conservar el número de teléfono aunque la línea y los servicios a ella asociados queden desactivados.

En cualquier caso, será en la cita de hoy, que tendrá un marcado carácter técnico y que pilotará en buena parte el jefe de gabinete del ministro, cuando se despejará finalmente el futuro de cuatro millones de móviles de prepago.

El objetivo de la obligación de identificar los números es evitar el uso anónimo de los móviles por parte de grupos terroristas y organizaciones delictivas y se remonta al 9 de noviembre de 2007. La ley establece que las operadoras lleven un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes de modo que los datos puedan ser requeridos por orden de un juez. La medida no afecta ni a Yoigo ni a los operadores virtuales, pues comenzaron a prestar sus servicios después de esta fecha, por lo que todos los suyos están identificados.

Un proceso gratuito

La identificación es completamente gratuita. Los clientes sólo tienen que asistir físicamente al establecimiento con su DNI, pasaporte o tarjeta de identidad en el extranjero, mientras que las empresas deben aportar la tarjeta de identificación fiscal. Además, las operadoras están ofreciendo a los usuarios la posibilidad de registrar previamente sus datos por teléfono para agilizar los trámites en el punto de venta, aunque el cliente tiene que terminar el proceso en la tienda.