SE agrava la situación de los tripulantes del «Alakrana» cuando se cumplen 35 días desde su secuestro por los piratas somalíes. Ayer saltaron todas las alarmas ante la noticia de que tres de los secuestrados habían sido conducidos a tierra firme, a pesar de que la ministra de Defensa asegura que el Gobierno conoce con exactitud el lugar en que se encuentran. Es natural la angustia de los familiares ante este tipo de maniobras, cuyo objetivo más que probable es dar otra vuelta de tuerca a la negociación con las autoridades españolas para obtener un mayor rescate a cambio de la liberación de los pescadores. El Ejecutivo celebró ayer una reunión urgente del gabinete de crisis, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, pero la opinión pública exige ya menos consultas y más resultados concretos después de tantas semanas de incertidumbre. La gestión gubernamental en este confuso asunto está siendo manifiestamente mejorable. Los antecedentes no pueden ser peores: cuando se paga una vez el rescate, cediendo ante el chantaje, el mensaje para los piratas es muy claro, a diferencia del que transmiten otros países, incluidos nuestros socios en la UE. El Gobierno español demuestra ser vulnerable ante la extorsión y cabe, por tanto, realizar medidas de presión para conseguir mejores condiciones.

El desbarajuste procesal con las idas y venidas del joven Abdu Willy por diversos juzgados españoles contribuye a ofrecer una sensación de desconcierto. Si los piratas capturados forman parte de la negociación con los secuestradores, carece de sentido haberlos traído a España, superando graves dificultades de hecho y de derecho. En todo caso, el Ejecutivo no sabe cómo afrontar la crisis y las gestiones diplomáticas no avanzan al ritmo que sería deseable. Está en juego la vida de muchas personas y es imprescindible encontrar el difícil punto de equilibrio entre la firmeza en la aplicación de la ley y la flexibilidad necesaria para garantizar la seguridad, no sólo de nuestros compatriotas, sino también de los demás tripulantes del «Alakrana». Somalia es un Estado fallido, cuyas autoridades son incapaces de mantener ni siquiera una apariencia de orden público. Los señores de la guerra, los jefes tribales y las bandas de piratas -al parecer, borrachos y drogados con mucha frecuencia- dominan el territorio terrestre y marítimo, sin respetar las reglas más elementales del Derecho internacional. Hay que conseguir que funcionen los mecanismos de presión sobre los delincuentes y reforzar la cooperación internacional, no sólo en términos retóricos, sino con eficacia y resultados concretos.

Todo es ahora más difícil con los tres españoles -dos de origen gallego y uno vasco- trasladados a tierra. La reacción en las localidades afectadas contribuye a aumentar la presión sobre el Ejecutivo, incapaz por ahora de articular una respuesta adecuada. Cuando no se toman las medidas preventivas pertinentes, no sirve luego rasgarse las vestiduras ante unas consecuencias que eran fácilmente previsibles. Sobre todo, la falta de principios claros y rigurosos para afrontar el problema genera dudas entre los afectados y aumenta las expectativas de los piratas, conscientes de que pueden tener más beneficio si refuerzan los mecanismos del chantaje. Hay muchas vidas en juego, y es hora de demostrar la capacidad de respuesta del Gobierno frente a la extorsión criminal.