El debate político comparativo de las operaciones españolas en Afganistán no favorece el clima de apoyo nacional que nuestras tropas tienen derecho a esperar, especialmente cuando su despliegue en ese teatro responde a una decisión legítima de la autoridad constituida y, desde la entrada en vigor en 2005 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, cuenta con el refrendo explícito del Congreso de los Diputados. Nada que decir sobre el derecho de unos y otros a discutir de lo que quieran; no faltaba más. Tampoco se cuestiona el intento de obtener réditos políticos, si éste fuera el caso, debatiendo sobre si las actividades que desarrollan hoy las fuerzas españolas son iguales o no a las que hacían cuando fueron inicialmente desplegadas en Afganistán en 2002. Aunque no sea disculpable puede ser entendible cierta ausencia de rigor en algún responsable político, cuando se lanza «per se» a la piscina de las aguas más técnicas. Pero tal ligereza no es admisible cuando se cuenta con todo tipo de asesoramientos, incluidos los del supuesto más alto nivel. Esa levedad, cuando se produce, o bien responde a una perversa desviación en las prioridades del aconsejado, lo cual es jugar con fuego, o bien el asesoramiento recibido es de muy baja calidad, lo cual es quemarse seguro.

Intentar clarificar el debate demanda una comparación seria de las dos situaciones: la inicial, posterior al acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001, que marcaba el inicio de la participación de un contingente español en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), y la de 2009 en la fuerza del mismo nombre. Cualquier militar medianamente formado sabe que cada operación militar terrestre tiene sus propias características y que éstas, en pura doctrina operativa, se pueden concretar en cuatro referencias esenciales, los tradicionalmente conocidos como factores de la decisión: misión, terreno, enemigo y medios propios. Estos cuatro elementos han de servir, por tanto, de patrones inexcusables para un análisis comparativo riguroso, aunque sea necesariamente corto, de la cuestión planteada.

La misión, es decir, lo que nuestras tropas hacían al inicio de su participación en ISAF consistía en actividades puntuales de alcance necesariamente muy limitado, como correspondía a un concepto general de mero apoyo al gobierno interino afgano en el marco de los acuerdos entonces recién alcanzados en Bonn. Por el contrario, en nuestros días las actividades de las fuerzas españolas son variadísimas y de gran alcance y especialización. Entre otras, se tiene la responsabilidad de un Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), se proporciona una base de apoyo avanzado y una fuerza de reacción para una región cuya extensión casi duplica la de Andalucía, se tiene la responsabilidad directa de controlar la provincia de Badghis, se protege a los cooperantes, se entrena al naciente ejército nacional afgano, y un amplio etcétera. Es claro, pues, que las actividades de 2002 poco tienen que ver con las de 2009.

En lo que se refiere al terreno, en enero de 2002 la zona de operaciones de ISAF estaba limitada por la propia resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la ciudad de Kabul y sus alrededores. Un terreno, por tanto, que pronto fue bien pisado y controlado por las fuerzas internacionales. Por el contrario, el núcleo de la fuerza española está ahora desplegado en el oeste del país, a más de 1000 kilómetros de Kabul por carretera (y con la gigantesca cordillera del Indu Kush en medio), en las provincias de Badghis y de Herat en dos grupos distantes 200 kilómetros, pero que a un convoy le cuesta 10 horas para ir de uno al otro. Por terreno, en consecuencia, los dos casos son bien distintos.

En 2002, en Kabul el riesgo para nuestras unidades procedía de minas y artefactos explosivos, así como de algunos francotiradores y de la capacidad ofensivo/terrorista residual del talibán para realizar ataques suicidas. Hoy, sin embargo, existe una nutrida oposición beligerante (talibán, señores y traficantes) que, con plena libertad de acción y el obvio conocimiento del terreno, ataca y hostiga por sorpresa a nuestras fuerzas. Se trata en muchos casos de grupos organizados, con cierta capacidad de maniobra (coordinación de fuego y movimiento) y con una potencia de fuego incluso superior a la de nuestras unidades. El ataque sufrido por nuestras tropas en la zona de Buzbay, el 27 de agosto de 2008, del que la prensa se hizo eco, fue un claro ejemplo de ello. Marcó un gran incremento en el peligro para nuestras fuerzas. No está claro que tal mutación fuera valorada en la profundidad que requería. No se trata de simplemente proclamar que hay que lograr el máximo de seguridad, sino de tomar las consecuentes medidas. Porque los medios de protección pasiva, aunque imprescindibles, no suelen ser suficientes especialmente cuando se pasa de operar de donde actúa la oposición a donde ésta vive. En resumen, por lo que respecta a los peligros o los riesgos la disparidad no puede ser mayor entre lo que pasaba en 2002 y lo que sucede ahora. Y tampoco vale simplemente declarar que se va en son de paz cuando el oponente está en son de guerra, o incluso el compañero de equipo hace la guerra en tu propio terreno de juego (de guerra o no podremos hablar en otro momento).

Y por lo que respecta a los medios, la comparación es demoledora. El contingente español desplegado en enero de 2002 totalizaba alrededor de 350 efectivos. Se trataba de un núcleo formado por elementos y unidades de mando, ingenieros, apoyo logístico, comunicaciones, un equipo de desactivación de explosivos y otro de apoyo al despliegue aéreo. Su significado estaba más en el apoyo especializado puntual y en su calidad presencial que en sus capacidades como fuerza de combate. Actualmente, un contingente de más de 1000 efectivos y con capacidad de combate, bien que limitada en la práctica por su armamento y protección, nada tiene que ver con aquello. Y lo obvio no merece más explicación.

Por tanto, desde esos cuatro esenciales patrones de comparación se puede concluir que las operaciones realizadas ahora por el contingente español en el seno de ISAF, poco tienen que ver con las de mantenimiento de paz de 2002. Siendo ello tan evidente, no se entiende bien ni el por qué de la controversia actual, ni el empeño de algunos en negar lo obvio. Porque por lícita que sea la polémica política ésta en concreto fomenta recelos en las tropas, temor en sus familiares y confusión en todos; es una especie de ecuación de lo confuso. Cuando las vidas de nuestros soldados están en riesgo, hay que ser muy rigurosos no sólo en la argumentación sino también en la transparencia y en la claridad de su exposición, para resolver ecuaciones estériles. La cuestión no es opinar sino saber y algunos o bien no dicen lo que saben o bien -me temo- a veces no saben lo que dicen. El hábito, ya se sabe, no hace al monje. ¡Ay! esos asesoramientos...