Sede del Consejo General del Poder Judicial. / Archivo
El PP compró el sistema
El PP mantiene abierta una batalla política contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el Sistema Integral de Intercepación de Comunicaciones Electrónicas (SITEL). Lo compró el anterior Gobierno de Aznar pero al no desarrollar la normativa legal para su aplicación, nunca lo puso en marcha. Ahora el Ejecutivo de Zapatero lo está utilizando y los 'populares' le acusan de actuar en la ilegalidad, algo que niegan la Administración. Aunque el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos han iniciado investigaciones por su uso, jueces y fiscales han precisado que las comunicaciones intervenidas siempre lo son bajo autorización judicial y que si el PP tiene alguna sospecha, que acuda a los tribunales.
Esto es lo que ha recomendado el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, que ha puntualizado que ni él ni el órgano al que pertenece "avala ni valora la constitucionalidad de este sistema". El CGPJ emitió un informe en 2004 sobre SITEL en el que exigió que en todo momento fuera la autoridad judicial la que controlara las interceptaciones, así como que no hubiera una indefinición en cuanto a quién tenía que hacerlo.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha recordado que el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. "Un Estado de derecho no es un Estado policial". Aunque precisaba que no conoce la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí ha explicado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal -en su artículo 579- sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo. "Pero no cortocircuitan la intervención judicial sino que la hacen operativa con posterioridad", detallaba respecto a los casos excepcionales en que la Policía interviene una comunicación y después, de forma inmediata, lo comunica a los jueces para que decidan si revalidan o revocan la interceptación.
Un sistema contra la delincuencia
También el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha explicado que en algunas situaciones de urgencia, como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo, la Policía puede intervenir una comunicación y "en 24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, retaba a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre". Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo ha suscrito que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial".
El presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, ha criticado las acusaciones del PP, al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". "Si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado". Además, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, ha defendido "totalmente" la utilización de SITEL para "investigar y prevenir la delincuencia" porque considera que es un sistema "muy útil" siempre y cuando se utilice "conforme a la legalidad". "De lo contrario", sería obligatorio denunciarlo, pero no puede "presumirse" que se haga sin autorización judicial.
Por último, la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, ha pedido que "si alguien conoce o sospecha" que se llevan a cabo este tipo de intervenciones "sin control judicial" lo tendrá que denunciar en los juzgados, pero que, a su entender, el sistema se utiliza "con autorización judicial".
