Publicado
Jueves
, 05-11-09 a las 06
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La negativa del Gobierno a autorizar el embarque de infantes de Marina en los atuneros que faenan en el Índico para protegerlos de los ataques piratas, puede darle más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo de Zapatero y a su ministra de Defensa, Carme Chacón. La fórmula escogida de permitir a las empresas de seguridad privadas utilizar armamento de guerra, no es la fórmula más rápida para solucionar un problema que requiere una respuesta inmediata, ya que la compra de ese armamento se puede prolongar en el tiempo. Además, el Gobierno tiene ya enfrente al Consejo de Estado que, en un demoledor informe no vinculante, cuestiona que se autorice a particulares a comprar armas de guerra (fusiles y metralletas) en un Estado donde uno de sus «principales problemas es la existencia de movimientos terroristas organizados».
En relación a la compra del armamento de guerra, ABC ha podido saber que las compañías privadas de seguridad están encontrando problemas para poder adquirir este material. No es tan fácil que los fabricantes tengan una disponibilidad inmediata y podrían tardar hasta seis meses en suministrar el armamento. Demasiado tiempo para frenar un problema de inseguridad, que cada vez es más grave.
Obstáculos
Siendo éste un obstáculo importante, más inquietante es el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto del Gobierno, aprobado el pasado viernes, que modifica el Reglamento de Seguridad Privada. Después de lamentar la «urgencia de la consulta», que «ha impedido un estudio más detallado del texto consultado», el informe centra sus críticas en la decisión del Gobierno de dejar que particulares puedan adquirir estas armas. «Resulta ilógico permitir la propiedad de dichas armas por los particulares, cuando dicha propiedad no es necesaria para que los supuestos vigilantes de seguridad posean las armas en las condiciones que el Gobierno establezca. Hay figuras jurídicas que permitirían asegurar que la titularidad de dichas armas corresponde al Estado y su utilización a las compañías de seguridad».
Una de las advertencias más comprometidas para el Gobierno es la que hace el Consejo de Estado sobre su responsabilidad: «Si España permitiese que las compañías militares privadas actuaran en los pesqueros que se tratan de proteger, podría quedar obligado por las eventuales infracciones del Derecho Internacional». Finalmente, el Consejo de Estado señala que debe introducirse que la reforma se aprueba a «iniciativa de la ministra de Defensa».
