El calendario de aplicación de la nueva Ley Educativa Catalana (LEC) ha «descolocado» a la escuela concertada. El hecho de que uno de los pilares de la ley, el debate sobre la financiación de los centros que reciben subvención pública, se haya pospuesto hasta 2011 ha sentado como un jarro de agua fría al sector, que jugó un papel importante durante la tramitación del documento -presentó más de 225.000 alegaciones-.

La Federación de Asociacines de Padres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel) hace una interpretación básicamente política de la decisión del conseller Ernest Maragall. Antoni Arasanz, responsable de la Federación, cree que son «motivos electoralistas» los que han movido al socialista a aplazar este debate «central», así como el de la admisión de alumnado, es decir, el que implica el reparto de los inmigrantes en la red pública y concertada, otro de los puntos que más polémica generó durante el debate social.

«Lo hace para no perder votos» «No sabemos si este calendario es positivo o negativo», dijo Arasanz, quien añadió que «a priori, la lectura que hacemos es que Maragall no quiere perder votos y estos dos asuntos que han generado tanta polémica podrían restárselos».

Arasanz recordó en declaraciones a ABC que en enero de 2010 se renuevan los conciertos y que, en principio, son para cuatro años. «Por eso, la decisión de aplazar este asunto nos descoloca», precisó el presidente de la Fapel.

Por su parte, el secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña (FECC), Enric Puig, consideró que la decisión del conseller de aplazar a después de las elecciones autonómicas el debate de la financiación de las escuelas concertadas «mantiene y consagra» el cobro de cuotas a los padres. En declaraciones a Ep, el representante de la FECC se mostró «extrañado» con la decisión del Govern por el hecho de que otras cuestiones han pasado por delante. «El Pacto Nacional por la Educación, acuerdo previo a la ley, se establecía como uno de los primeros temas en fijar un módulo económico de la plaza escolar», señaló. CiU exigió el despliegue completo de la ley y reprochó a Maragall que le «margine».