La Fiscalía interpone una querella criminal contra los padres del niño obeso

No pasaron ni 24 horas desde que finalizó el plazo para entregar al pequeño, cuando la Fiscalía de Orense anunciaba la esperada querella criminal contra los progenitores por un delito de desobediencia y sustracción de menores, que podría llegar a estar penado con cuatro años de cárcel, aunque en este caso en concreto con puntualizaciones.

Desde que se decretó el ingreso en un centro de menores del barrio orensano de A Carballeira, los padres han hecho todo lo posible para convencer a la opinión pública , al Gobierno gallego y a la Fiscalía, que en todo caso su hijo padece una enfermedad de obesidad mórbida pero que "no está desamparado". Así, en un intento de que no se lleven al menor, los padres proponen que el niño permanezca bajo su tutela con revisiones periódicas con el endocrino habitual.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Orense, Florentino Delgado, aseguró que la interposición de esta querella criminal, tras una valoración "meditada y pausada", tiene que ver con que "todos están bajo el imperio de la ley y la Fiscalía no está dispuesta a que se desoiga la resolución de la Administración". En cuanto a la actitud de los progenitores, recordó que están atacando "al principio democrático de que nadie está por encima de las leyes".

Por el momento, tal y como puntualizó el abogado de la familia no tiene conocimiento de esta medida, ya que fue interpuesta por la mañana y con ella, quieren que los padres "sepan que hay indicios de que están cometiendo un hecho delictivo". Con respecto a los hechos, señaló que la protección del niño de 9 años "ha venido desarrollándose tiempo atrás". En concreto, las resoluciones administrativas datan de octubre de 2008, en las que se pone de manifiesto que podría haber algún problema con el joven Moisés. Es por ello, explicó Delgado, que la Xunta de Galicia "actuó con esa consideración de protección dando las pertinentes resoluciones para obtener la mejora del chico que tenía un problema".

Según argumentó, tras varias intervenciones en el ámbito familiar, "sin respuesta activa por parte de los padres", motivó que la situación del menor fuera "agravándose". Si bien, negó que la intención sea "la privación de la patria potestad". Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia aclaraba el martes que el ingreso en el Centro de Protección de Menores es una "medida provisional", adoptada hasta que se celebre el juicio en el que se resuelva definitivamente sobre el fondo de la cuestión, ante el "grave riesgo para la vida del niño".

Con la interposición de esta querella criminal los padres del niño obeso se enfrentan a una pena inferior a dos años de prisión y, por lo tanto, no tendrían que ingresar en prisión . El fiscal jefe aclaró que no piden cárcel porque no tendría sentido "pedir la prisión para unos padres" que "están equivocados".