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El «caso Pretoria» provoca la primera dimisión en un ayuntamiento de CiU

El «caso Pretoria» de presunta corrupción urbanística en diversos municipios de Cataluña se cobró ayer la primera «víctima política» en un ayuntamiento gobernado por CiU, el coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls, Genís Carbó, que entre 1996 y 2004 fue el jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a la sazón gobernada por Converg_ncia, presentó su dimisión tras hacerse público que el auto del «caso Pretoria» revela que cobró una comisión de 244.011 euros de Niesma Corporació, de Luis García, tras la recalificación de los terrenos de Can Riviere, en Sant Andreu de Llavaneres.

Genís Carbó, aseguró que los 244.011 euros que cobró de esta sociedad -propiedad del presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística en Cataluña, Luis García- fueron sus honorarios profesionales como arquitecto.

Carbó, que también ha sido concejal de CiU en Mataró y jefe de área de urbanismo de Arenys de Mar, remarcó que cuando se produjo la adquisición de Can Rivi_re por parte de Niesma ya había abandonado su cargo en el Govern. Sin embargo, aseguró dimite porque considera «imposible» seguir en el cargo a raíz del «alboroto» producido después de que su nombre apareciera en el auto.

Sospechas en el Incasòl

Por contra, el tripartito ratificó ayer todo su apoyo al actual responsable del Incasòl, Emili Mas. Tanto el el Consell Executiu como el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, respaldaron la gestión de Mas y descartaron cualquier irregularidad.

En su auto, Garzón sitúa a Emili Mas en una serie de conversaciones con el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística, «Luigi», con Bartomeu Muñoz; con el dimitido concejal y presidente de Gramepark, Manuel Dobarco -todos ellos en prisión-; y con el director de Servicios municipales, Pascual Vela.

El magistrado subraya que, según se desprende de los contactos entre Luis García, el alcalde, sus colaboradores y el gerente del Incasòl, el consistorio de Santa Coloma modificó supuestamente el destino de los fondos de cohesión de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en Santa Coloma, cuya gestión correspondía a Gramepark. Con este método el consistorio de Santa Coloma pudo haber justificado el uso irregular de fondos europeos con la emisión de facturas falsas por 1,3 millones de euros.

El propio Emili Mas negó que hablara de falsificar facturas de la Unión Europea en sus conversaciones con varios imputados, ante los que se limitó a abordar la ejecución de la Ley de Barrios. En un comunicado Mas defendió su «honestidad y transparencia». «En ningún caso hablé de falsificación de facturas u otros documentos (...) ni di instrucciones al Ayuntamiento (de Santa Coloma) o a la empresa Gramepark», remarcó el gerente del Incasòl.

Por su parte, el alcalde en funciones de Santa Coloma, Joan Carles Mas, reconoció ayer que el presunto celebro de la trama corrupta, «Luigi», «entraba en el Ayuntamiento e iba directo al despacho del alcalde», Bartomeu Muñoz. «Sé que venía con bastante frecuencia porque compañeros míos me lo han dicho», afirmó en declaraciones al periódico digital «El Plural».

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