Los padres del niño obeso de nueve años que reside en Orense anunciaron ayer, mediante un comunicado que fue leído por su abogado en una comparecencia ante la prensa, que de momento no tienen intención de entregar a su hijo al departamento de Menores de la Xunta de Galicia, tal y como ésta ha requerido y cuyo plazo finalizaba ayer. «Preferimos ir a la cárcel que entregar a nuestro hijo», de este modo justificaban su actuación. Es más, en su réplica los progenitores propusieron que el menor permanezca bajo su tutela sometiéndose al control médico de su endocrino habitual, Jesús Manuel Suárez, «porque es nuestro hijo y le queremos». No les preocupa que se les pueda imputar un delito por sustracción de menor, penado con cuatro años de prisión, «el objetivo es que permanezca a nuestro lado», afirmaron.

Visiblemente afectados, no ocultaron su pesar por todo lo sucedido. Según dijeron, en el periodo comprendido desde 2005 a 2009 nadie les informó de la dieta más adecuada para la alimentación de su hijo. Hasta en dos ocasiones el niño llegó a ser ingresado, supuestamente, por problemas derivados de su peso. En una ocasión, según fuentes a las que ha podido acceder este periódico, el menor presentaba insuficiencia respiratoria. «Atendíamos a todas las peticiones del niño en cuanto a alimentos, sin saber que así estábamos haciéndole daño», adujeron. Ya en septiembre, cuando fueron informados de las consecuencias nutricionales del sobrepeso, «pusimos remedio». «Es cierto que el niño tiene un problema de salud que ahora comprendemos, que está en situación de riesgo, pero no de desamparo», argumentaron los padres.

Su madre,Margarita, siempre callada, siempre al margen en las declaraciones y profundamente afectada por toda la situación aseguró, entre lágrimas, que «su familia es muy grande».

Por su parte, el abogado de la familia, José Manuel Rodríguez, confirmó que los padres son conscientes de que deben entregar al menor, así como las consecuencias que derivan de su negativa, si bien éstos recalcaron que esperaran a que la Xunta estudie su propuesta para reconsiderar su postura. No obstante, el jurista llamó «a la sensibilidad», al tiempo que recordó “estamos ante personas que culturalmente no están preparadas para muchas cosas. En este sentido, se mostró convencido de que la Administración gallega hará todo lo posible por agotar otras vías y posibilite una solución «transaccional» que consista en que «el menor permanezca bajo la tutela de sus progenitores, sometiéndole a un control periódico cada quince días».

En declaraciones a ABC el abogado lamentó la situación que está padeciendo esta familia por este motivo, «cuando hay tantos niños con problemas similares pero con los que nadie toma una medida similar». Preocupado por este asunto reflexionó sobre la cantidad de menores que viven situaciones muy serias, que acaban tirados por la calle en el botellón a las tantas de la mañana o haciendo destrozos «sin que nadie quite la tutela a sus padres».

Interpelado por los daños psicológicos que pueda ocasionar la medida al pequeño, derivados de su ingreso en un centro de menores, Rodríguez aseguró que «desde hace un tiempo le nota cierta ansiedad» , «aunque –explicó- se trata de un niño con un importante absentismo escolar que echa de menos el colegio y a sus compañeros».

Los padres del menor, siendo conscientes de que pueden ser detenidos por retener al menor aseguran que el niño «en casa no está» y han pedido «que le dejen en paz». «Sea el delito que sea, que sea conmigo», sentenció el padre. Asimismo, pidieron a la prensa que no se acerquen al entorno de su casa «porque tenemos niños pequeños y no queremos que se vean afectados por esta situación».

Los servicios de la Xunta realizaron un seguimiento del menor desde hace cuatro años a raíz de un informe médico del pasado mes de agosto, cuando el niño fue atendido en un centro sanitario al presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria grave como consecuencia de su obesidad mórbida, dado que entonces su peso estaba en 81,5 kilogramos, aunque en la actualidad pesa 70 kilos.