Martes
, 03-11-09
Contra todo pronóstico, la Fiscalía de Menores no ha solicitado ninguna medida cautelar -privativa o no de libertad- contra los cuatro menores de 14 años que están acusados por la Guardia Civil de agresión sexual en el caso del autobús de Loeches.
Así lo decidió el fiscal instructor el pasado viernes, día 30, y así le ha llegado a uno de los siete jueces de Menores de Plaza de Castilla. La decisión ha sorprendido, principalmente, por la gravedad de la imputación realizada por la Guardia Civil.
En cualquier caso, el proceso judicial, al menos por ahora, sigue adelante, con el proceso de diligencias previas. Por lo tanto, deberán declarar de nuevo los testigos, por ejemplo, entre quienes se encuentra el chófer del autobús donde supuestamente nueve menores -cinco de ellos sin edad penal- realizaron tocamientos a dos adolescentes de su centro educativo, en el trayecto entre Villalbilla y Loeches, el 22 de octubre.
El conductor, como ya adelantó ABC, es un guardia civil cercano a su paso a la segunda actividad que, en una pieza separada, está imputado por un delito de denegación de auxilio, por lo que se enfrenta a una multa.
Paralelamente, la Benemérita ha abierto un expediente y una investigación interna, habida cuenta de los miembros de la Guardia Civil tienen exclusividad laboral. Se enfrenta a una falta muy grave que podría costarle su expulsión del Cuerpo.
Con todos estos datos sobre la mesa, surge de la duda, incluso, si, llegado el momento de redactar sus calificaciones, la Fiscalía pediría o no la apertura de juicio oral, un futurible que sólo el transcurso de las diligencias dirimirá.
Manuel P., padre de una de las adolescentes denunciantes, ya indicó a Ep que, durante su declaración, la menor relató que consiguió zafarse de la agresión sexual. «Además, también declararon ante los abogados de la defensa, que intentaron equivocar y que entraran en contradicción las niñas, pero se mostraron tranquilas y lo hicieron bien», añadió.
La cuestión ahora es que mañana está previsto que los menores regresen a clase, después de la expulsión temporal de cinco días a la que les sometió la dirección del centro. El padre de la niña pide que sean expulsados permanentemente. «Mi hija no va a cambiar de centro. Hasta ahí podíamos llegar, cuando ellas son las víctimas. Muchos padres me apoyan y quieren que no regresen. Pienso en ocasiones que ojalá esto hubiera sido un sueño, pero es una realidad», indica el padre.
Sobre la decisión de la Fiscalía, Manuel reconoce que no confía en la Justicia. Dora, la madre de la otra niña, en declaraciones a Efe, se pregunta «qué hay que hacer como madre» para proteger a su hija, tras una decisión que la dejó «de piedra».
