EL Partido Popular inicia una semana crucial para recuperar la iniciativa frente a la pérdida de imagen provocada por el «caso Gürtel», la mala gestión de las responsabilidades políticas en Valencia y la inquietud interna causada por los enfrentamientos públicos entre sus dirigentes madrileños, con la presidencia de Caja Madrid como telón de fondo. El primer paso lo darán los órganos ejecutivos convocados para hoy, en Valencia, por Francisco Camps y para mañana, en Madrid, por Mariano Rajoy. La decepción crece entre militantes y simpatizantes del PP, tanto por la insolidaridad de algunos protagonistas de estos episodios con el proyecto político del partido como por el respiro que están dando a Rodríguez Zapatero, en pleno debate de unos presupuestos descalificados por la mayoría de los grupos parlamentarios y de los expertos. Lo que menos podían esperar los electores del PP es que, en el peor momento del Gobierno, la única opción alternativa malgastara sus opciones por falta de reflejos, en unos casos, y afán de protagonismo, en otros.

Además de las decisiones que deben tomar los máximos dirigentes del PP, sin seguir esperando a que las consecuencias de la crisis trabajen por ellos ante la opinión pública, es posible que también le ayude a recuperar el equilibrio político el Código de Buenas Prácticas que anunció Rajoy el 15 de octubre y a cuyo proyecto ha tenido acceso ABC. El documento pretende ser, y realmente lo es, una respuesta institucional a la implicación de algunos ex cargos públicos del PP en la trama Gürtel y sus ramificaciones. Se trata de una iniciativa oportuna y necesaria, aunque exprese preceptos de transparencia y honradez personal que deberían darse por descontados en la clase política. Por desgracia, lo evidente necesita ser regulado y, por esta razón, el Código de Buenas Prácticas del PP es un proyecto que merece ser positivamente valorado y recibido. El documento es ambicioso y taxativo. Prohíbe a sus cargos y dirigentes que acepten regalos de las empresas contratadas por el PP. Los obliga a entregar al partido una declaración de bienes. Establece un sistema de incompatibilidades, para evitar conflictos de intereses o tratos de favor. Instaura -y esto es muy importante, dada la situación actual- un procedimiento de adjudicación de contratos para actos públicos, que será competencia de una mesa de contratación, la cual revisará los antecedentes de las empresas que opten al contrato. Además, el Código creará una fórmula para que todos los cargos y responsables del PP la acaten y asuman las responsabilidades de incumplimiento.

El «caso Gürtel» tiene que ser para el PP una catarsis, un antes y un después en el ejercicio del compromiso político antes los ciudadanos. La sociedad española está harta de la corrupción y no se le puede reprochar que no distinga entre unos y otros. Sólo en 2010 serán juzgadas más de trescientas personas por esta criminalidad. La corrupción puede gangrenar el sistema democrático y arruinar su legitimidad ante los ciudadanos. El peligro es cierto y los partidos deben reaccionar, abandonando el encubrimiento y la arrogancia. El PP es el único partido con posibilidad de suceder al PSOE en el Gobierno y esto le obliga a ser el que ofrezca a los españoles un verdadero plan de honradez política, poniéndolo en práctica sea cual sea el coste que requiera y con las dimisiones que reclame.