El Código de Buenas Prácticas, que Mariano Rajoy anunció el pasado 15 de octubre, prohibirá que los cargos públicos y dirigentes del PP acepten regalos de empresas que contraten con el partido, según ha podido saber ABC. Este será uno de los puntos fundamentales de un texto en el que viene trabajando la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, junto al equipo jurídico del partido y con el que se pretende dar respuesta al escándalo de la «Gürtel». Se trata de cercenar toda posibilidad de que un caso como éste vuelva a reproducirse en el futuro.

La alusión a los regalos no es baladí, puesto que la instrucción de la «Gürtel» dejó tras de sí un reguero de supuestos regalos en forma de trajes, automóviles, bolsos, relojes o televisores de plasma que habría hecho la trama corrupta de Francisco Correa a distintos cargos públicos y dirigentes del partido a cambio, o no, de contraprestaciones.

A partir de la aprobación del Código de Buenas Prácticas, las empresas con las que contrate el PP sus actos públicos, publicidad o campañas electorales serán informadas de que no pueden tener atenciones personales. Otra cosa será recibir algún detalle en función de los usos y costumbres de nuestro país, esto es, «unos turrones en Navidad o una caja de bombones», aducen fuentes del PP, aunque prefieren cortar de raíz cualquier dádiva. Además, los cargos públicos y/o dirigentes del partido deberán presentar ante la formación política su declaración de bienes para acreditar la situación patrimonial de la que gozan, tal y como ya se hace en el Congreso y Senado. La custodia y tutela de dicha documentación podría quedar bajo responsabilidad de los distintos Comités de Derechos y de Garantías del partido o en una notaría.

El llamado Código de Buenas Prácticas someterá a los populares a un régimen de incompatibilidades propio, de forma que «no pueda haber conflicto de intereses, ni trato de favor ni situación que implique privilegios».

En fase todavía de borrador -aunque no es descartable que Rajoy se refiera a él durante su esperada intervención ante el comité ejecutivo nacional de mañana-, está previsto que el texto incluya endurecer los procedimientos de contratación de eventos de envergadura, para lo que se ha tomado nota de la Ley de Contratos del Estado en lo que se refiere a publicidad, concurso y transparencia. Para hacerlo posible, se creará una mesa de contratación en la que estará el departamento de auditoría.

En la medida de lo posible, las empresas contratadas serán sometidas a una previa inspección de modo que, aquellas que, por ejemplo, no cumplan sus obligaciones tributarias, estén en una situación de quiebra técnica, quebranten la ley de algún modo o utilicen el nombre del partido, entrarán en una relación de «empresas excluidas» con las que no podrá contratar ninguna dirección del partido, ni la nacional, ni regional, provincial o local.

De nuevo, se trata de una respuesta clara y directa a lo acontecido con la «Gürtel», ya que mientras Génova rompió con la empresa de Correa el PP de Madrid y de Valencia mantuvieron la relación mercantil en unos casos y personal en otros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, argumentó en su momento que aunque dio instrucciones a su ex consejero Alberto López Viejo para que rompiera con «Special Events», éste siguió contratando con ellos. Valencia explicó a Génova que su vínculo con la empresa de Álvaro Pérez, «Orange Market», respondía al convencimiento de que «el Bigotes» había roto con Correa, sin saber que no era más que una filial de la red tentacular que «el padrino» se había montado.

El equipo que dirige Mato estudia la manera en que los dirigentes y cargos públicos formalicen el compromiso de acatamiento de las normas del Código, así como las responsabilidades en las que puedan incurrir en caso de incumplirlo. No está previsto, sin embargo, modificar el régimen disciplinario de los estatutos, con lo que la exigencia de su cumplimiento puede ser complicada.

El texto arrancará con una exposición de principios en los que se exigirá a los populares «máximo rigor» en el desempeño de la actividad pública y defensa del interés de los ciudadanos pero también actuar con «integridad, transparencia, ejemplaridad, eficacia, austeridad y honradez».

Precisamente Rajoy decidió poner en marcha este Código apenas un día después de dar por resuelta la salida de Ricardo Costa de la secretaría general y de la portavocía de la Cámara regional a mediados del mes de octubre, lo que no terminó de pasar hasta el día 29 cuando se le suspendió de militancia. Fue en esa comparecencia del pasado 15 de octubre cuando dijo que el otrora mano derecha de Camps no había cumplido con su «plus de exigencia y ejemplaridad».