Las últimas horas están resultando frenéticas para el líder del PP valenciano, Francisco Camps. Espoleado por la necesidad de llevar mañana una nueva organización al comité ejecutivo nacional del partido ha realizado una amplia ronda de conversaciones para consensuar el relevo de Ricardo Costa en la secretaría general.
El acuerdo es total con Castellón y Valencia, donde los presidentes provinciales, Carlos Fabra y Alfonso Rus, han dado carta blanca a Camps para que moviera ficha. El consenso ha sido nulo en Alicante, donde José Joaquín Ripoll, ha presionado con declaraciones descalificativas hacia Camps para poder influir en el nombramiento del secretario general.
Una nueva estructura
En cualquier caso, Camps trasladó ayer a Mariano Rajoy su decisión sobre el próximo secretario general (se habla de Antonio Clemente, vicepresidente de las Cortes autonómicas). Lo comunicará esta mañana en el comité ejecutivo regional y también nombrará, al menos, un coordinador (se inclina por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra). Más adelante, ahora no, Camps medita acometer cambios en su Gobierno y en el grupo parlamentario. Si decidiera hacerlo, el actual portavoz, Rafael Maluenda, dejaría su puesto en favor de alguno de los consellers de más peso específico en el Ejecutivo.
Por otro lado, y referente a la operación «Gürtel», la Abogacía General de la Generalitat elevará hoy una queja al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado contra el juez Baltasar Garzón y los fiscales Anticorrupción. La queja se basa en la eliminación del sumario de conversaciones que entienden los servicios jurídicos como «exculpatorias» para el presidente valenciano. Estas pruebas no fueron incluidas y por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no las pudo valorar.
