El pasado día 2, a las 5.40 de la madrugada, hora española, la tripulación del «Alakrana» avisó de que estaba siendo atacada, y a las 9.58 un avión del dispositivo «Atalanta» confirmó a la fragata «Canarias» la presencia a bordo de al menos dos personas «armadas con rifles». Fueron las primeras informaciones que desde el Océano Índico llegaron al Estado Mayor de la Defensa sobre el abordaje pirata que desde hace un mes mantiene en vilo no sólo a los familiares de los pescadores.

Mientras los 36 marineros, de ellos 16 españoles, viven presos de los piratas, en España se representa un enredo judicial sobre la mayoría de edad o no de uno de los delincuentes, «Abu Willy», sometido a un sin fin de pruebas médicas -entre ellas radiologías de muñeca, dentadura, cadera y clavícula- para saber si tiene 17 ó más años. Su trasladado a España, junto a su compinche Raageggesey Adji Haman, se ha convertido en una «patata caliente» que el Gobierno quiere quitarse de encima lo antes posible y por ello no ha dudado en tomar un atajo: presionar a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional para que no haya más dilación en declarar a «Abu Willy» mayor de edad. Ayer mismo, Francisco Caamaño vino a corroborar esta estrategia al asegurar que la última prueba médica en poder de los jueces es «definitiva y tiene mucho rigor». El ministro no aclaró cómo y por qué sabe de un asunto que en teoría sólo deberían conocer aún los magistrados.

La urgencia es máxima porque los jefes de los secuestradores supeditan la reanudación de las negociaciones a la puesta en libertad de los dos detenidos. Desde Somalia los capos siguen en tiempo real lo que ocurre en España y aprovechándose del pleito originado han dado una nueva vuelta a sus exigencias al pedir a los familiares de los pescadores que también presionen al Gobierno para que «Abdu Willy» y Raageggesey sean excarcelados. Un embajador y dos espíasTodo ello ha llevado a que cuando se cumple un mes del secuestro, la negociación, por parte de los piratas, avance lentamente. Mientras, la parte española trabaja en la búsqueda de una estrategia que devuelva cuanto antes a los marinerosa nuestro país. Para salir del laberinto, los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, así como los negociadores que están en el «escenario de las actuaciones -el embajador de España en Kenia y dos agentes del CNI- analizan varias líneas de actuación y entre ellas la que podría tener futuro es la de entregar a Kenia a los dos piratas. Sin ir más lejos, la semana pasada la Comisión de Exteriores del Congreso aprobó, con el apoyo de todos los grupos, el acuerdo entre la UE y Kenia que permite el envío a este país africano de los piratas detenidos en aguas de Somalia por las fuerzas de la operación «Atalanta». Este convenio viene a suplir la falta de jurisdicción al efecto de algunos países que participan en la misión europea.

Salvo un cambio inesperado, los piratas sólo están dispuestos a reanudar las negociaciones una vez liberados los dos somalíes, trasladados a España por orden del juez Baltasar Garzón. Sólo cuando esté derribado este obstáculo, se abrirá la segunda fase: el pago del rescate, que en esta ocasión se cifra por encima del millón y medio de euros que se entregó a los secuestradores del «Playa de Bakio» y que el C NI sacó de sus fondos reservados, aunque con la promesa del armador de que devolver el préstamo.

Las fuentes militares consultadas critican con dureza que hasta hace unos pocos días la posición del Gobierno fuera sólo la de plegarse a las exigencias económicas de los delincuentes como único procedimiento para resolver estos conflictos. Consideran que con esta complacencia, los pesqueros españoles se convierten en objetivo fácil cuando en la zona faenan otros barcos cuyos gobiernos, como es el caso de Francia, no tienen reparo alguno a la hora de repeler un ataque pirata «por medio de las armas en manos de militares».

Si hay una palabra que defina la situación de la flota atunera que faena en el Índico, esa es la de «desánimo». Desde que el «Alakrana» fue secuestrado, la mayoría de los buques han dejado de faenar y se han resguardado en el puerto de Seychelles, donde tienen su base, a la espera de que mejoren las condiciones de seguridad.

El secuestro ha sido la puntilla a una situación sobre la que ya venían advirtiendo hace mucho tiempo. Pero no sólo ha sido un mazazo para la confirmación de sus temores, sino que también está teniendo un efecto letal en los beneficios económicos que genera esta actividad pesquera. «El secuestro ha sido devastador y, desde el punto de vista económico, la puntilla de una situación que se arrastra hace tiempo», comentan fuentes del sector, que recuerdan que Francia se ha aprovechado de la falta de seguridad de los barcos españoles para «hincharse a pescar».

Si hay algo positivo en este secuestro, es que el Gobierno, por primera vez, ha decidido hacer caso a las peticiones de los atuneros y ha comenzado a reforzar las medidas de protección, siempre y cuando no sea embarcar infantes de Marina en los buques, como quieren los armadores atuneros. El Gobierno cedeEl primer paso ha sido ceder y permitir que los miembros de las empresas privadas de seguridad españolas puedan llevar armas de guerra (fusil y ametralledoras) a bordo para disuadir a los piratas. Inicialmente, el Gobierno se negó, como así desveló ABC al publicar el escrito enviado por Interior a los atuneros. Ha tenido que claudicar y mañana se publicará la orden ministerial que lo permite, después de aprobarse el viernes en Consejo de Ministros. El segundo pasó, como desveló la ministra Chacón en el Congreso, es pedir a «Atalanta» que los medios militares españoles se concentren en proteger a los atuneros. Segunda victoria del sector.