CINCO PRISIONES INCONDICIONALES Y CUATRO EN LIBERTAD BAJO FIANZA
Macià Alavedra (CiU)
Ex consejero de Pujol. Prisión incondicional. Habría percibido de la trama al menos 637.590 euros por varias operaciones. Utiliza sus contactos con organismos para facilitar proyectos y procedía a lavar el dinero. Tiene dinero fuera de España.
Lluís Prenafeta (CiU)
Ex secretario general de Pujol. Prisión incondicional. Habría percibido, al menos, 637.590 euros. Se habría valido de sus contactos para facilitar proyectos y lavar dinero.
Luis García Sáez (PSC)
Ex diputado socialista. Prisión incondicional. Conocido como «Luigi». Sería uno de los máximos responsables de la trama, una especie de consejero del alcalde de Santa Coloma. Habría percibido más de 8 millones de euros en sólo tres operaciones. Tiene obras de arte de gran valor.
Manuel Dobarco (PSC)
Concejal de Urbanismo. Prisión incondicional. Participa en todas las iniciativas de «Luigi» y el alcalde. Sería el «conseguidor» de las adjudicaciones a Proinosa.
Josep Singla
Administrador de Proinosa. Prisión eludible con 500.000 euros. Gestionó con el ayuntamiento en la operación Pallaresa. En una conversación habla de la adjudicación de un parking por 3 millones. Dice que quedó segundo en el concurso, pero que será el adjudicatario.
Pascual Vela (PSC)
Director Gerente de Servicios. Prisión provisional eludible con 25.000 euros. Buscador de empresas para construir guarderías, que resultaban adjudicatarias antes de publicarse las obras.
Bartomeu Muñoz (PSC)
Alcalde de Santa Coloma. Prisión incondicional. Pidió dinero para la prórroga del contrato de limpieza a Limasa. Recibió cerca de 20.000 euros. Garzón le implica en el fraude a la UE, a través de facturas falsas.
Lluís Casamitjana
Directivo de Badalona Building. Prisión eludible con 500.000 euros. Pagó a Sanur Cien más de un millón de euros en varias sociedades y otros 2,5 por la recesión de un contrato. Uso a Prenafreta y Alavedra para mediar.
Manuel Carrillo
Responsable de Limasa. Prisión eludible con 100.000 euros. Pagó para prorrogar su contrata de limpieza.
Ex consejero de Pujol. Prisión incondicional. Habría percibido de la trama al menos 637.590 euros por varias operaciones. Utiliza sus contactos con organismos para facilitar proyectos y procedía a lavar el dinero. Tiene dinero fuera de España.
Lluís Prenafeta (CiU)
Ex secretario general de Pujol. Prisión incondicional. Habría percibido, al menos, 637.590 euros. Se habría valido de sus contactos para facilitar proyectos y lavar dinero.
Luis García Sáez (PSC)
Ex diputado socialista. Prisión incondicional. Conocido como «Luigi». Sería uno de los máximos responsables de la trama, una especie de consejero del alcalde de Santa Coloma. Habría percibido más de 8 millones de euros en sólo tres operaciones. Tiene obras de arte de gran valor.
Manuel Dobarco (PSC)
Concejal de Urbanismo. Prisión incondicional. Participa en todas las iniciativas de «Luigi» y el alcalde. Sería el «conseguidor» de las adjudicaciones a Proinosa.
Josep Singla
Administrador de Proinosa. Prisión eludible con 500.000 euros. Gestionó con el ayuntamiento en la operación Pallaresa. En una conversación habla de la adjudicación de un parking por 3 millones. Dice que quedó segundo en el concurso, pero que será el adjudicatario.
Pascual Vela (PSC)
Director Gerente de Servicios. Prisión provisional eludible con 25.000 euros. Buscador de empresas para construir guarderías, que resultaban adjudicatarias antes de publicarse las obras.
Bartomeu Muñoz (PSC)
Alcalde de Santa Coloma. Prisión incondicional. Pidió dinero para la prórroga del contrato de limpieza a Limasa. Recibió cerca de 20.000 euros. Garzón le implica en el fraude a la UE, a través de facturas falsas.
Lluís Casamitjana
Directivo de Badalona Building. Prisión eludible con 500.000 euros. Pagó a Sanur Cien más de un millón de euros en varias sociedades y otros 2,5 por la recesión de un contrato. Uso a Prenafreta y Alavedra para mediar.
Manuel Carrillo
Responsable de Limasa. Prisión eludible con 100.000 euros. Pagó para prorrogar su contrata de limpieza.
«Las actividades principales del grupo han consistido en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás».
Este es uno de los argumentos esgrimidos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el auto en el que ordena el ingreso en prisión incondicional de cinco de los nueve detenidos en la trama de corrupción urbanística de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), a los que imputa, entre otros, los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Se trata de los dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol: el secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el ex consejero de Economía Macià Alavedra; el ex diputado del PSC Luis García Sáez; el alcalde de Santa Coloma (PSC), Bartomeu Muñoz; y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Para todos ellos la Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión incondicional.
Además, el magistrado acordó la libertad bajo fianza de los otros cuatro imputados: el director gerente de Servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela; el presidente del grupo Espais, Luis Casamitjana; el presidente de Proinosa, Josep Singla, y el empresario Manuel Carrillo, de Limasa Mediterránea. El primero deberá pagar 25.000 euros; Casamitjana y Singla 500.000, y Carrillo 100.000. Disponen hasta el lunes para hacerlo; en caso contrario, irán a la cárcel.
Salvo en el caso de Vela (para quien se había pedido prisión incondicional), el juez acordó lo solicitado por el fiscal Luis Pastor en cada una de las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) que se fueron celebrando al término de las comparecencias.
Al filo de la medianoche los imputados regresaban a la prisión de Soto del Real después de una jornada eterna en los calabozos de la Audiencia Nacional. Ocho de los detenidos de la «operación Pretoria» habían sido trasladados allí a las siete y media de la mañana, mientras que el noveno, el empresario Manuel Carrero, llegaba dos horas después a pie, al haber quedado en libertad tras ser interrogado por la Guardia Civil el día anterior.
Cuando todavía apenas había amanecido, pero con las cámaras de televisión ya dispuestas, los agentes entregaban a cada uno de los arrestados, según iban siendo llamados, sus pertenencias en bolsas de basura azules. No hay duda de que el hecho de que se pudieran grabar estas imágenes «condenaba» a los arrestados, todos esposados y la mayoría encorbatados, a penas de telediario.
Fuentes jurídicas señalaron que todos los imputados respondieron a las preguntas de juez y fiscal e intentaron desvincularse de cualquier actividad ilícita, negando incluso conocer, como fue el caso del regidor de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz, a Prenafeta y Alavedra, protagonistas de la trama.
Escuchas
La investigación, que arrancó hace dos años desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia, y basada en gran parte en escuchas telefónicas, se centra en averiguar si desde el Ayuntamiento de Santa Coloma se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Además de los dos citados, en esta trama tenía un papel fundamental el ex diputado socialista García Sáez, «el conseguidor», de forma que no se movía un hilo sin que él lo supiera.
Aunque estas diligencias se remontan a 2007, la «operación Petroria» tiene sus orígenes en la causa del BBVA-Privanza, instruida por Garzón y archivada parcialmente por Grande-Marlaska en 2005, y de la que salieron varios despachos de abogados dedicados a blanquear dinero de sus clientes en distintos paraísos fiscales, entre ellos Jersey. Uno de estos despachos era el barcelonés «Pretus».
Según fuentes de la investigación, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habría sobornado y pagado comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones. En concreto, el agujero en el Ayuntamiento de Santa Coloma se cifra en más de 60 millones de euros. Y es sólo una primera estimación, pues ahora hay que analizar la abundante documentación incautada en el Ayuntamiento y en los registros domiciliarios y despachos profesionales.
Pero no sería Santa Coloma el único Ayuntamiento implicado en la trama, sino que los arrestados, que ya no utilizarían Jersey, sino Portugal,Andorra, Suiza, Islas Madeira y Caimán como paraísos fiscales, extendieron sus influencias en otros Consistorios, y en este sentido, están siendo investigadas algunas operaciones urbanísticas en Badalona (como Santa Coloma,también socialista) y Sant Andreu de Llavaneres (CiU).
Contratos millonarios
Como publicó ABC el jueves, en este último caso se investiga una venta de terrenos con la que el ex diputado Luis García se habría embolsado dos millones de euros gracias a una recalificación. Esta operación, que se plasmó en un convenio, ya fue denunciada en su día ante la Fiscalía de Cataluña, que finalmente acordó archivar el caso.
A ello se suma que la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lérida, la socialista Marta Camps, cifró ayer en 552.931 euros la cuantía de los contratos pagados a empresas de García Sáez en los años 90, cuando gobernaba el ex alcalde Siurana (PSC).
