El caso de las supuestas agresiones sexuales a dos menores por parte de nueve compañeros el jueves día 22 en un autobús escolar que realizaba la ruta entre el Instituto de Villalbilla y Loeches dio ayer un vuelco absoluto. Cuatro de los menores sospechosos, los mayores de 14 años (los únicos que pueden responder penalmente), pasarán el lunes a disposición judicial, momento en el que un magistrado les tomará declaración y decidirá qué medida tomar; los otros cinco, por edad, son inimputables. Los primeros estuvieron ayer, toda la jornada, en dependencias de la Fiscalía de Menores en calidad de imputados. Al cierre de esta edición permanecían en las instalaciones.

El recorrido de la investigación policial comenzó a primeras horas de la mañana. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alcalá de Henares, encargado de la instrucción del caso, identificó a los nueve menores presuntamente sospechosos. Se trata de cuatro adolescentes de 14 años y cinco de 13.

Desde las cuatro de la tarde, las dos chicas denunciantes estuvieron en las dependencias fiscales hasta bien entrada la noche, para ofrecer su testimonio. Debían ratificar su declaración y si los cuatro acusados participaron en lo que pudo ocurrir dentro del autobús escolar. La Guardia Civil ha imputado un delito de agresión sexual a los jóvenes, si bien aún está por determinar qué grado de participación y en qué medida supuestamente actuaron.

En el caso de condena, los menores con responsabilidad penal deberán cumplir la pena que se les imponga, por ejemplo, su ingreso en un centro de reinserción juvenil que ofrece. En el caso de los que tienen menos de 14 años, podrían ser objeto de las llamadas medidas de protección, tales como talleres educativos y control escolar, por ejemplo. Para la identificación de los presuntos autores de la agresión, la Guardia Civil se ha valido tanto del testimonio de las dos chicas como de los otros ocupantes del autobús escolar; además, habida cuenta de que los estudiantes regresaban de una actividad extraescolar deportiva, era fácil saber quiénes iban en el bus.

En cuanto al conductor, que, además, es un guardia civil en activo pero próximo a pasar a la reserva, el Instituto Armado le ha imputado un delito de denegación de auxilio, en su calidad de miembro del Cuerpo. En caso de que un juez ordinario le considere culpable, se enfrentaría a una multa, pero no a la cárcel.

Paralelamente, Asuntos Internos ha abierto otra investigación sobre el asunto, habida cuenta de que un guardia civil tiene exclusividad laboral. Por ahora, se enfrenta a una falta muy grave, que bien podría terminar con su expulsión del Cuerpo. Por lo pronto, se le ha suspendido de empleo y sueldo durante cuatro días, indicaron fuentes del caso. La tramitación y resolución del expediente podría demorarse hasta seis meses.