«VOSTÈS tenen un problema i aquest problema es diu tres per cent», supuestamente la comisión que pagaban a los gobiernos de CiU las empresas adjudicatarias de obras públicas. Lo dejó caer en sede parlamentaria un presidente de la Generalitat y, pese a la extraordinaria gravedad del delito denunciado, no ocurrió absolutamente nada. El líder de CiU, Artur Mas, interpuso una querella ante el TSJC por injurias y calumnias, que retiró después de que Pasqual Maragall pidiera disculpas a la ciudadanía por lo que calificó de «incidente parlamentario».

Puede que aquél fuera el momento exacto en que se rompió la confianza entre los ciudadanos y su clase dirigente. Porque aunque el «incidente parlamentario» que apuntaba a una corrupción urbanística generalizada no tuvo consecuencias penales, sí socavó la dignidad del sistema y la moral de los catalanes, que comprendieron al fin claramente de qué va el juego en el oasis.

Durante años se pensó que las irregularidades urbanísticas y las corruptelas varias, asociadas casi siempre a la financiación de los partidos políticos, estaban directamente relacionadas con la dilatada permanencia de CiU en el gobierno de la Generalitat y con el reinado absoluto del PSC en los municipios del área metropolitana. Había una esperanza: que la alternancia en el poder, al menos en la Generalitat, pudiera deshacer las redes clientelares. En las elecciones autonómicas de 2003, que se asociaron al cambio y a las promesas de regeneración, la abstención fue del 37,4%. Sólo tres años después, tras el «incidente del tres por ciento» y el agotador debate estatutario, el 50,6 por ciento de los catalanes con derecho a voto decidió abstenerse en el referéndum sobre el Estatut y a los pocos meses, casi el 44% del censo no participó en las autonómicas.

La desafección cogió cuerpo porque el «tres por ciento» reveló que la regeneración de la vida política e institucional será imposible mientras las dos grandes fuerzas del país sigan compinchadas en el intento de esconder todos los trapicheos, ilegalidades, irregularidades y delitos cometidos en sus respectivas áreas de influencia.

El «caso Millet» y la «operación Pretoria» han rematado la faena, dejando a las instituciones catalanas al borde del abismo. Porque no se trata de que una serie de individuos se dediquen a robar dinero público -toda sociedad está preparada para tolerar y hasta digerir alguna que otra manzana podrida-, sino de algo mucho peor, que hace de Cataluña un caso único: el silencio cómplice de quienes saben o intuyen (los informes de la Sindicatura de Cuentas no engañan a nadie), pero callan

Así, siendo rotundamente falso que todo el sistema está podrido y que todos los políticos son unos corruptos, la «omertà» ha tenido un efecto perverso sobre la presunción de inocencia de toda la clase política, alimentando la creencia de que «no hi ha un pam de net».

Sólo unas horas antes de que el juez Garzón ordenara la detención, entre otros, del alcalde socialista de Santa Coloma, de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, el ex presidente Jordi Pujol advertía en TV3 de los riesgos de hablar más de la cuenta.

Está claro que nadie en Cataluña tirará de la manta- ahí tienen la instrucción del caso Millet, con el ladrón confeso en la calle, o la investigación que la Fiscalía hizo del 3 por ciento y del impuesto revolucionario que el republicano Xavier Vendrell cobraba a los funcionarios- así que no queda más remedio que confiar en que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional hagan bien su trabajo.