El ex alcalde de Hospitalet adjudicó obras a Proinosa. En Badalona, uno de los principales proyectos de urbanización se encomendó a esta constructora
Los detenidos en la operación declararán hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Garzón
Los ocho detenidos en Cataluña en la operación «Pretoria» contra la corrupción urbanística fueron trasladados ayer por la mañana a Madrid para prestar declaración, a lo largo del día de hoy, ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras pernoctar en la cárcel de Soto del Real. Hacia las 13 horas, los detenidos fueron trasladados a la capital en dos furgones de la Guardia Civil que partieron de la comandancia del instituto armado en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), acompañados por dos vehículos de escolta. A los ocho detenidos en Cataluña, entre ellos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y los ex altos cargos de la Generalitat Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, han
pasado dos noches en los calabozos del cuartel, donde anteayer prestaron declaración, un castigo para su imagen que contrasta con la libertad de que goza un insigne delincuente confeso de la Cataluña corrupta, Félix Millet, en libertad sin fianza tras expoliar el Palau de la Música. El noveno detenido de la «Pretoria», Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma, fue detenido anteayer en Madrid en relación con esta trama y desde entonces permanece allí arrestado.
Las investigaciones del juez Baltasar Garzón revelan que los principales ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Hospitalet de Llobregat, gobernados por los socialistas, adjudicaron obras a las dos constructoras implicadas en el caso, Proinosa y Espais.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se vio obligado ayer a admitir públicamente desde Bruselas que cuando era alcalde de Hospitalet tuvo relación con Proinosa, presidida por el inculpado Josep Singla, y con el ex diputado del PSC Luis García Sáez. No obstante, Corbacho aseguró que «todas las contrataciones hechas en el Ayuntamiento se ajustaron a la transparencia, a la legalidad y a la fiscalización de los órganos pertinentes».
El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, es uno de los principales implicados en la trama y en su momento fue la mano derecha de Corbacho, cuando el primero presidía la Diputación de Barcelona. Muñoz es actualmente vicepresidente primero de esta corporación supraprovincial. Precisamente ayer, el actual presidente de la Diputación, Antoni Fogué, leyó una declaración en la que se compromete a «tomar las medidas oportunas, en función de los resultados de la investigación judicial, si afecta a miembros de la Corporación».
Según ha podido saber ABC, existe un primer borrador de esa declaración en el que el gobierno de la Diputación preveía el cese inmediato de Muñoz pues la depuración de responsabilidades se produciría «si la autoridad judicial imputa cargos que afectan a algún miembro de esta Corporación», esto es, si el juez Garzón inculpa hoy a los detenidos que ayer pasaron a disposición judicial.
Desmemoria
En Badalona, donde la Guardia Civil pidió al Ayuntamiento documentación sobre una finca propiedad de Espais, el alcalde Jordi Serra también ha tenido que reconocer que uno de los proyectos más importantes del municipio, el que afecta a la reurbanización de cuatro calles del barrio del Raval y que está valorado en casi 2,5 millones de euros, fue encargada a Proinosa.
Se da la circunstancia de que Serra aseguró el pasado martes que no recordaba esos tratos con la empresa investigada, pero después de que el concejal del PP, Xavier García Albiol le refrescara la memoria, fuentes municipales admitieron la existencia de estas obras, financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
Por su parte, el Consistorio de Santa Coloma de Gramanet reconoció que el endeudamiento municipal ascendía en 2007 a un 65 por ciento al año. Tal como publicó ayer este diario, los investigadores cifran en 60 millones de euros el agujero detectado en este Ayuntamiento, pero portavoces del gobierno local niegan que haya salido dinero de sus arcas de forma irregular. La Sindicatura de Cuentas ya advirtió en 2007 del desbarajustes existente en la contratación de obra.
Este órgano fiscalizador envió su informe al Tribunal de Cuentas, que en septiembre de 2008 abrió diligencias. Dos meses después, este tribunal decidió delegar la instrucción en la Sindicatura de Cuentas, que finalmente nombró a un delegado instructor para que profundizara en la investigación de las irregularidades detectadas.
