Guardia civil, a escasos años de retirarse, destinado al Parque Automovilístico de Príncipe de Vergara de la Benemérita. Este es el hombre al que se dirigen ahora todos los focos de la investigación abierta tras denunciar un padre que su hija, de 12 años, y otra menor, de 13, fueron, presuntamente, agredida sexualmente por nueve compañeros de la misma edad en el autobús escolar que las trasladaba, el jueves día 22, del Instituto de Villalbilla hasta Loeches. El agente era el conductor del autocar. De momento, la Guardia Civil le ha abierto expediente y le ha retirado del servicio.

Ayer, el agente, también chófer en sus ratos libres, declaró ante el instructor que investiga el caso en el Instituto Armado, que «no vi ni oí nada anormal en el autobús». Su versión es completamente opuesta a la del padre de una de las menores, que asegura que el conductor, el único adulto presente, no hizo nada para impedir la supuesta agresión. Es más, le acusa de omisión de socorro por no detener el vehículo e impedir que los nueve menores prosiguiesen toqueteando y manoseando a su hija. Incluso, en declaraciones a ABC, el progenitor, José Manuel Pineño, asegura que de durar más el viaje (30 minutos) «a mi hija le hubieran violado». Pineño indicó a ABC que la dueña de la empresa de autocares le había transmitido, telefónicamente, que el conductor «hizo lo correcto, porque corren el riesgo de ser multados si paran el bus».

Pluriempleado

«No hizo nada, a pesar de que mi hija no cesó de gritar y pedir ayuda. Como si fuera sordo o ciego», repetía Pineño como una retahíla. La irritación del padre fue mayúscula tras conocer la situación de pluriempleo del chófer-guardia civil, máxime, por su condición y su deber de proteger a la ciudadanía. «¿Es consciente de lo que juró en su día? ¿Es padre o tiene a menores en su entorno más cercano?», decía, visiblemente exasperado.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, el guardia hacía «doblete» como chófer y cubría rutas escolares, despedidas de solteros, etc., en sus ratos libres o arañando un poco de tiempo de sus ocupaciones, normalmente, trasladar presos a los juzgados.

Incompatibilidad laboral

Esta actividad es incompatible con su exclusividad laboral, por lo que, a la espera que se confirme la supuesta omisión de socorro que le imputan los padres de las menores, el departamento de asuntos internos de la Guardia Civil le abrió ayer mismo un expediente y le apartó del servicio hasta que el juez determine si cometió o no delito alguno. De resultar condenado o inhabilitado por denegación de auxilio por la justicia ordinaria, sería expulsado del Cuerpo de inmediato.

A la espera de esta instancia, un juez militar dictará la sanción correspondiente por su «pluriempleo». En esta línea no sorprende que, como dice el padre denunciante, el conductor privado y guardia civil no tuviera contrato alguno con la empresa Sabroso Fraile, encargada de realizar el traslado de alumnos en el Instituto Atenea.

La Consejería de Educación indicó ayer que el servicio ordinario de los traslados es competencia de la Comunidad. Y que, en este caso, firmaron un contrato con dicha empresa para esta ruta escolar, tras el correspondiente concurso público. Otra cuestión son las actividades extraescolares —en el momento de la supuesta agresión, los adolescentes regresaban de un entrenamiento— , de cuya organización se encarga el centro educativo. El instituto optó por contratar, directamente, a la misma empresa. La Consejería, no obstante, ha solicitado a Sabroso Fraile que facilite el listado de empleados y sus condiciones laborales.

Menores inimputables

Los nueve presuntos agresores siguen sin pisar el centro educativo tras la expulsión cautelar de cinco días que decidió la dirección hasta que se esclarezcan los hechos. Esa orden acaba el martes. Los alumnos podrían enfrentarse en caso de que se confirmen los hechos que se les atribuye, a la expulsión definitiva.

Además de toda esta polémica, hay un asunto más en debate. De todos los acusados, al menos tres, son mayores de 14 años. El resto serían inimputables. El Defensor del Menor, Arturo Canalda, incidió en la necesidad de reformar la Ley del Menor para que «las medidas educativas sean de obligado cumplimiento». Con ello, se resarciría a las víctimas y se reeducaría al infractor.

Durante los próximos días, la investigación tendrá que aclarar los hechos que ha denunciado el padre de una de las menores agredidas, las vejaciones, tocamientos de índole sexual «por encima y por debajo de la ropa y por riguroso turno». La situación llegó a tal extremo que durante el viaje, siempre según su versión, hubo menores que advertían «tú ya has tocado bastante. Ahora me toca a mí. Ni cuando uno de ellos aguardaba con los pantalones bajados, ni tampoco cuando la mayor de las víctimas pudo zafarse de los atacantes, tras patalear de forma desesperada», denunció José Manuel Pineño.