El agujero en el Ayuntamiento barcelonés de Santa Coloma de Gramenet, tradicional feudo socialista y cuyo alcalde, Bartomeu Muñoz, está detenido en la «operación Pretoria» contra la corrupción, es de más de 60 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC. Se trata de una primera estimación, ya que ahora hay que analizar la abundantísima documentación intervenida tanto en el Consistorio como en los domicilios y despachos profesionales de los implicados en esta trama. El beneficio de la trama superaría los 20 millones.

La investigación del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo además ayer un nuevo resultado con la detención del máximo responsable de la empresa Limasa, Manuel Carrillo, que es la adjudicataria de muchos de los servicios que presta el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, como puede ser el de basuras, jardines u otros. El arresto se produjo en Madrid.

Como se sabe, en la «operación Pretoria» ya habían sido detenidas otras ocho personas, destacando, además del alcalde ya citado, su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el ex diputado también socialista Luis García Sáez, y los ex altos cargos del Gobierno del nacionalista Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Precisamente, como ya informó ayer ABC, estos tres últimos forman el «núcleo duro» de la trama, pues los responsables del Ayuntamiento de Santa Coloma son los que se dejaron corromper.

«Luigi», el conseguidor
En concreto, el ex diputado del PSC Luis García Sáez, apodado «Luigi», era «el conseguidor», quien tenía los contactos en el Ayuntamiento. Ningún papel se movía en el Consistorio sin que él lo supiera y eso le proporcionaba información clave para poder convertirla luego en dinero.

García Sáez era socio de Alavedra y Prenafeta —al parecer los tres tenían una sociedad— y éstos se encargaban de las otras dos patas del negocio. Por una parte, blanqueaban las enormes cantidades de dinero que ganaban y que repartían entre los tres, sobre todo en Portugal y Andorra, y en segundo lugar mantenían los contactos y las relaciones con los empresarios interesados en invertir en la localidad. Los negocios eran inmobiliarios, con recalificaciones de terrenos incluidas, y también adjudicaciones de los servicios del Ayuntamiento.

En los registros ha llamado la atención el volumen de obras de arte intervenidas. De hecho, se llenaron dos furgonetas sólo con las confiscadas al ex parlamentario socialista, que ahora son peritadas para conocer su valor. En cuanto a las encontradas en el domicilio de Alavedra, las fuentes precisaron que su propietario dispone de las facturas —al menos de la mayoría— y, por tanto, están catalogadas. Se sospecha que una de las formas en la que los implicados blanqueaban dinero era con la compra de arte.

En cuanto a los ayuntamientos de Badalona, también socialista, y de Sant Andreu de Llavaneres, de CiU, el juez les ordenó que le remitieran la documentación de las ampliaciones de sus respectivos PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), pues al parecer hay indicios de que podría haber algunas irregularidades. No obstante, de momento está descartado que se produzcan detenciones relacionadas con los mismos.

«Caso Llavaneres»
En concreto, en el caso de Llavaneres se investiga una venta de terrenos con la que Luis García se habría embolsado dos millones de euros gracias a una recalificación. Esta operación, que se plasmó en un convenio, ya fue denunciada en su día por la entidad local SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que finalmente acordó archivar el caso. Dicho convenio fue firmado en marzo de 2005 por un Consistorio que entonces era gobernado por PP y PSC y una empresa de Luis García.

Los implicados en la trama cobraban por cada paso que se daba con cada proyecto; por el concurso, por su posterior adjudicación, si había algún cambio de propiedad, por una mejora del proyecto inicial o por su realización... «Era un sistema de actuación generalizado, estable y duradero en el tiempo», afirman las fuentes. Con todo, la Guardia Civil no acusa a los implicados de asociación ilícita —los cargos son tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho—, si bien no se descarta que con la información disponible la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor, Baltasar Garzón, les imputen finalmente ese delito.

Tras pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), los ocho detenidos en Cataluña, entre ellos, Alavedra y Prenafeta —cuyo abogado es Juan Córdoba, quien defendió a Jordi Pujol en el «caso Banca Catalana»—, declararon ante los agentes. Hoy serán trasladados a Madrid, para declarar mañana ante Garzón.

A ojos de muchos, con la «operación Pretoria» el magistrado ha finiquitado el llamado «oasis catalán» que, visto lo visto, —socialistas y convergentes, socios en el delito—, bien pudiera ser una «omertá» a la catalana. En algunos medios consultados por ABC también llama la atención la operación de Garzón en un momento delicado para él, cuando próximamente el Tribunal Supremo decidirá si sienta en el banquillo al magistrado por la investigación sobre los crímenes del franquismo.

En este contexto, su imagen de independencia sale reforzada, ya que tras las acusaciones de que sólo persigue a militantes del PP demuestra ahora con hechos que tampoco le tiembla la mano con socialistas ni nacionalistas. Además, la investigación podría verse afectada si el juez es suspendido, lo que sucedería si el TS decide juzgarle.