Dentro de la llamada «operación Pretoria», en pocos días empezará a desfilar ante el juez Garzón un grupo aparentemente heterogéneo, políticamente transversal y desconectado pero, en el fondo, integrante de una misma comunidad de intereses, la misma que junta en una única charca negocios y política. De CiU al PSC, de la gran empresa al edil corrupto: cien por cien Cataluña.

De ese grupo sobresale el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet desde 2002 Bartomeu Muñoz (1957), hijo de Blas Muñoz, último alcalde franquista de esta localidad y enriquecido con el ladrillo en unos años en los que en Cataluña se hacían fortunas con la llegada de la inmigración. Persona de la total confianza de José Montilla y, sobre todo, de Manuela de Madre, a quien relevó como primer edil, «Bartu» integraba lo que muchos definen como el sector más «pijo» del PSC; en dos palabras, era rico. Pese a gobernar la muy obrera Santa Coloma vive en el muy burgués Turó Park de Barcelona. Ni su fortuna ni sus maneras le impidieron integrarse en el grupo de los «capitanes» del PSC, con distinto estatus social pero idéntica ambición; unos controlaban el Baix Llobregat, «Bartu» se movía como nadie en el «Barcelonés nord».

Sortear la justicia

También implicado en la trama aparece otro socialista, Luis García Sáez, «Luigi», durante tres legislaturas diputado autonómico, imputado en 1999 por un caso de estafa. Durante esa década García fue el perfecto elemento viscoso que hacía funcionar el engranaje negocio-política, un perfecto conseguidor que al frente del grupo AGT siempre «pillaba» provechosos contratos municipales. Trabajó en Barcelona y toda su área metropolitana: ganaba los concursos, subcontrataba las obras y luego no pagaba. Expulsado del PSC, un grupo de empresas lo denunció por estafa junto a otros cargos municipales socialistas; tras tres años, el caso fue archivado.

En el otro extremo del arco político, hace no pocos años hizo fortuna la definición «sector negocios», para aludir a aquellas figuras de CiU que, procedentes de la empresa, trampearon durante años por una estrecha franja entre el negocio y un nacionalismo que, cuando se trataba de dinero, siempre fue de lo más pragmático. Al frente de todos ellos siempre aparecía Macià Alavedra (1934), físico imponente, cabellera patricia, en el núcleo duro de los gobiernos Pujol y todopoderoso consejero de Economía hasta 1997. Ese año, cuando dimitió de su cargo, ya estaba irremediablemente salpicado: amistades peligrosas y cercanía a escándalos sonados: Javier de la Rosa, Jordi Planasdemunt, Pascual Estevill... Sobrevivió a todos ellos y, en los últimos años, había recobrado cierta presencia como patrón de la fundación Catalunya Oberta, «think tank» nacionalista que también impulsa Lluís Prenafeta (1939), otro de los detenidos. Mano derecha de Jordi Pujol entre 1980 y 1990 como secretario de Presidencia -«la Generalitat somos tú y yo», le dijo el primero-, Prenafeta pivotó también entre la empresa y la política, siendo exculpado por falta de pruebas en el llamado «caso Prenafeta» por adjudicaciones turbias de la Generalitat.

El concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela; así como los grandes empresarios de la construcción: Josep Singla (Proinosa), y Luis Casamitjana Grupo Espais) son los otros detenidos en la operación.