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Miércoles
, 28-10-09 a las 00
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Los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV, ERC-IU-ICV han rechazado esta tarde tomar en consideración la proposición de ley del PP para que los profesores sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. El único partido que apoyó la iniciativa de los populares fue UPyD.
El defensor de la propuesta, el diputado del PP Juan Antonio Gómez Trinidad, ha señalado que esta medida es "un clamor social y una demanda social y laboral" de los maestros, quienes con frecuencia sufren insultos y agresiones de los alumnos y los padres.
Durante su intervención, Gómez Trinidad ha defendido que los profesores se ganen la autoridad en clase, pero ha recalcado que deben contar con instrumentos legales que les respalden en el ejercicio de sus funciones ante casos de violencia.
El PP es consciente de que esta iniciativa legislativa "no resuelve todos los problemas de la educación", pero considera que ayuda a garantizar el derecho de 650.000 profesores a dar clases con normalidad y el derecho de 11 millones de alumnos a aprender, que en muchas ocasiones "ven interrumpido su aprendizaje por la falta de autoridad y de buena educación en las aulas".
"Pretendiendo huir del autoritarismo hemos acabado en un permisivismo en el que todo vale", ha agregado. Gómez Trinidad ha indicado que el rechazo del PSOE demuestra su "falta de voluntad de pacto" en materia educativa. "Ustedes sabrán hasta donde llegan sus hipotecas ideológicas o de gobiernos, pero deben saber que esas hipotecas van a impedir un pacto educativo", ha avisado.
Por el contrario, la portavoz del PSOE, Cándida Martínez, se ha preguntado si esta iniciativa no pretende precisamente dificultar el pacto de Estado por la Educación. El portavoz socialista ha pedido al PP "altura de miras y lealtad para llevar a buen puerto el pacto".
Para el PSOE, igual que para CiU, el tema de la autoridad del profesor debe ser debatido en el marco del pacto del Estado, por lo que "no tiene sentido hacer modificaciones parciales de la LOE". Según Martínez, es una medida "reduccionista" que sólo enfoca el problema desde la perspectiva penal, al tiempo que recordó que la Fiscalía General del Estado envió en diciembre de 2008 una circular a todas las fiscalías de España para que consideraran a los profesores autoridad pública.
La opinión nacionalista
La opinión nacionalista
Desde las filas de CiU, Merc Pigem afirmó que su grupo comparte con el PP "la necesidad del reconocimiento a la autoridad al profesor ante al deterioro del clima en las aulas", pero cree que esta medida legal no va a resolver todas las ramificaciones del problema, aparte de ser competencia de las comunidades autónomas.
Como medidas para reforzar la autoridad del profesor, los nacionalistas catalanes proponen potenciar el desarrollo profesional de los docentes y prestarles una atención individual. El PNV, por su parte, solicitó reflexionar sobre este asunto "pero no hacer una reforma puntual", y recalcó que se deben dotar de más recursos a los centros para poder resolver las situaciones conflictivas que se produzcan.
Por parte de ERC, Joan Tardá ha afirmado que el PP hace "terrorismo ideológico" hacer estas propuestas cuando los populares han recurrido la Ley de Educación Catalana y la asignatura Educación para la Ciudadanía. Gómez Trinidad solicitó al presidente del Congreso, José Bono, que la palabra terrorismo no apareciera en la actas del Pleno, propuesta que fue aceptada por el propio Tard.
La diputada Rosa Díez ha criticado que el PP se hubiera negado a tratar conjuntamente una iniciativa de UPyD que pedía lo mismo, algo que a su juicio hicieron los populares "por miedo a compartir espacios" con UPyD. De cualquier forma, Díez, "por sentido de Estado y sentido común", apoyó la iniciativa del PP.
