unos 1.500 euros de multa por captar imágenes de una persona en la vía pública y publicarla en You Tube. El arrepentimiento y el hecho de que no mediara intención de lucro con esta «chiquillada» no fue suficiente para evitar la sanción. Ésta es sólo una de las numerosas resoluciones que se han multiplicado en los últimos meses en la Comunidad Valenciana con el uso de internet por menores como telón de fondo.

La moda de grabar o sacar fotos con el móvil, unida a la proliferación de las redes sociales y de los portales donde se pueden descargar estos documentos, ha puesto al descubierto una nueva realidad. Sin saberlo, los usuarios, muchos de ellos menores de edad, cometen delitos o infracciones administrativas, cuya responsabilidad recae sobre los padres.

Un estudio de la firma de servicios de seguridad Norton Symantec revela que el veinte por ciento de los niños ha realizado actividades en internet que sus padres no aprobarían. El informe apunta igualmente que uno de cada cinco padres dice haber reprendido a sus hijos por tener conductas «on line» impropias. Además, casi una cuarta parte del alumnado de Secundaria, concretamente un 23,5 por ciento, afirma haber sido insultado a través de páginas web, por lo menos «una o dos veces».

Insultos a los profesores

Pero no sólo se insulta a compañeros. Recientemente, la Guardia Civil clausuraba una red social en la que alumnos de varios colegios e institutos, entre ellos varios de la ciudad de Valencia, se dedicaban a verter comentarios difamatorios y fotografías comprometidas de compañeros y profesores, incluso firmaban como otros alumnos sus comentarios. La Unidad de Delitos Telemáticos del Instituto Armado localizó el domicilio de los alumnos «infractores» en una investigación solicitada por la Fiscalía tras recibir denuncias de numerosos padres alarmados por el contenido del portal, donde eran frecuentes las amenazas. La web se eliminó, aunque los niños vejados rechazaron denunciar, ya que la mayoría de los padres no quisieron hacerles pasar por un proceso judicial.

De haberlo hecho, la responsabilidad no hubiera sido sólo de los autores de los comentarios, sino de sus padres, destaca Ana Marzo, socia fundadora del gabinete valenciano Equipo Marzo y una de las primeras abogadas en España especializada en nuevas tecnologías. Según Marzo, son mayoría los padres que ignoran qué hacen sus hijos en la red y las repercusiones que pueden tener este «juego de niños», incluidas las legales. La protección de datos está en la base de muchas de las infracciones que afectan también a colegios.

Centros escolares

Los centros tienen la obligación de proteger los datos de sus alumnos. Con la matriculación de los alumnos, los padres ofrecen una serie de informaciones y datos de sus hijos de los que el centro no puede hacer uso, como tampoco puede utilizar las fotos que realizan sin autorización expresa o consentimiento informado de los padres.

Los datos de los menores están sujetos a la Ley de Protección de Datos que impone a los colegios una serie de obligaciones dirigidas a garantizar el derecho de los padres a controlar el uso de los datos de sus hijos. Ello implica que los centros deben declarar sus ficheros de datos a la Agencia Española, informar a los padres de su uso que harán de estos datos e implantar unas serie de medidas de seguridad especiales, tanto técnicas, documentales como organizativas. Pese a todo, y por poner un ejemplo, muchos colegios valencianos reparten a los padres un listado con las fechas de cumpleaños de los compañeros de sus hijos, datos que obtienen de los listados de matriculación. La buena voluntad de este hecho no obvia que se está infringiendo la ley, según indica Marzo, que asegura que la ley es especialmente estricta en cuestiones relacionadas con la salud de los menores.

Los datos que los padres facilitan al centro sobre alumnos con algún problema sanitario -como puede ser que padezcan una enfermedad infecciosa o simplemente que sean celiacos-, están doblemente protegidos, así como los informes psicotécnicos o revisiones médicas. Además, los centros deben someterse como mínimo a una auditoría cada dos años, algo que no cumple la mayoría de colegios valencianos.

Otro caso es el de las redes sociales a las que la ley prohíbe el acceso a menores de 14 años. Para «cumplir» la norma, algunas empresas, como es el caso de «Tuenti» -a la que están «enganchados» prácticamente todos los adolescentes- piden a sus usuarios que les remitan el carné de identidad, lo que lleva a muchos menores a cometer un nuevo delito: la falsificación de documento. Otras veces los menores utilizan identidades falsas o usurpan la de otra persona con el fin de formar parte de la red social.

El propio director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo Lombarte, recordaba hace unas semanas en Valencia que la ley «prohíbe que los menores de 14 años proporcionen sus datos personales a cualquier servicio de internet sin autorización de sus padres», pese a lo cual «la mayoría de estos servicios no está tomando las medidas oportunas para garantizar esta norma».

Ante esta situación, la AEPD ha puesto en marcha de oficio un plan encaminado a analizar las redes sociales y las páginas web con el fin de establecer mecanismos de protección y depurar datos de menores que hayan sido registrados.

Una vez en la red, el menor es el que facilita sus propios datos sin ser consciente de los riesgos, según Marzo, quien añade que la responsabilidad de la red social es limitada porque no puede controlar las conversaciones de los menores, a pesar de que en muchos casos están siendo facilitados datos de ellos y sus familias. Así, uno de cada tres adolescentes facilita su teléfono móvil en conversaciones de chat, el 16 % ha dado en alguna ocasión su dirección postal y nada menos que un 40% de los adolescentes reconoce haberse sentido acosado en internet en alguna ocasión.

El riesgo de las fotos

En lo que respecta a los fotos, la política de privacidad de cada red social determina la propiedad de las mismas. En muchos casos ésta es asumida por el propio portal, por lo que cuando se vuelca una imagen, automáticamente se pierden los derechos sobre ella y sólo queda asistir impotente a cómo circula por la red.