El Ejecutivo está a punto de pasar una nueva factura a los españoles, en este caso, a través del recibo de la luz. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha diseñado un borrador de decreto que establece incentivos económicos al consumo del carbón con un coste previsto de 200 millones de euros. La medida disparará en 2010 la factura pública a cargo de esta actividad hasta cerca de 1.700 millones en plena crisis económica.

Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso ABC, el Gobierno central no sólo distribuye ayudas directas a las empresas mineras, sino que también asigna cada año una serie de partidas dirigidas de desarrollar las comarcas del carbón, sus infraestructuras y los nuevos usos de este material. En total, el Gobierno ha presupuestado para el año en curso 1.476 millones de euros(ver desglose en gráfico a la derecha)dirigidos a mantener la actividad del carbón.

De este importe, destaca, por ejemplo, que los españoles se gastarán 50 millones a becas y cursos dirigidos a los mineros, 333 millones en subvenciones directas a las empresas públicas y privadas del ramo, otros 40 millones en ayudas a compañías del sector que decidan cerrar y 328 millones en prejubilaciones para un sector que empleó a 5.836 mineros en 2008, según las cifras del Ministerio de Industria. La mitad de ellos desarrollan su actividad en Asturias, una cuarta parte lo hacen en León (cuna política del presidente del Gobierno) y el resto se reparten entre las minas de Puertollano, Córdoba y Palencia.

Más mineral importado

En términos de producción, las minas españolas extrajeron 10 millones de toneladas de carbón en 2008 que permitieron cubrir el 3,6% del consumo nacional de energía primaria o el 5,9% de la demanda de electricidad. Su contribución a la rebaja de la dependencia energética del exterior se quedó en el 6,7% ya que más del 60% del carbón empleado por las centrales españolas para generar electricidad fue importado del exterior.

El Gobierno socialista, no obstante, tiene claros los peajes que quiere pagar por su política en esta recesión económica . Moncloa está dispuesta a asumir cualquier crítica siempre y cuando pueda seguir defendiendo que las medidas del Ejecutivo son solidarias y buscan proteger a los colectivos más necesitados. Pero, por lo mismo, tiene claro que no debe exponerse al estallido de un conflicto sociolaboral en las cuencas mineras del país. Simple cuestión de imagen.

El riesgo no es baladí. La caída de los precios de los combustibles en los mercados internacionales ha llevado a las principales consumidoras de carbón autóctono, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC Energía y E.ON, a no utilizar este combustible en sus centrales dado su elevado coste.

Ambas eléctricas tomaron esta decisión la pasada primavera pero los efectos están ahora a punto de hacerse notar ya que las compañías siguieron adquiriendo carbón a las minas al ritmo habitual, almacenándolo hasta mejores días que no llegan. La crisis se agudiza, la demanda mantiene su caída y los combustibles recuperan terreno muy lentamente.

La diferencia, ahora, es que los depósitos mineros de las compañías eléctricas están prácticamente llenos por lo que, en breve, las empresas dejarán de adquirir este combustible con los consiguientes paros en las minas y movilizaciones de sus trabajadores. Una eventualidad que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no quiere ni atisbar.

Así pues, mientras el Ministerio de Economía desarrolla la nueva Ley de Economía Sostenible y los organismos internacionales claman por la contención del gasto público y las bajadas de impuestos en España, a Moncloa no le tiembla el pulso al autorizar incentivos para una actividad contaminante en términos de emisiones de CO2 y no competitiva frente al exterior.

Precisamente, el coste de 200 millones tendrá que ser asumido por los consumidores de electricidad para evitar que la Comisión Europea califique la medida de ayuda estatal y la bloquee legalmente.

No en vano, Bruselas tan sólo ha aprobado parcialmente el actual Plan de la Minería del Carbón 2006-2012. Este programa solamente cuenta con el visto bueno comunitario para ser aplicado hasta 2010, por lo que el próximo año el Gobierno tendrá que pedir permiso para prorrogarlo durante otros dos ejercicios. No es cuestión, por lo tanto, de incluir nuevas partidas que compliquen su aprobación.

En busca del consenso

Para casar todas estas exigencias, el ministro Sebastián —al frente de la extinción de este «incendio»— ha desarrollado un borrador de decreto que pretende consensuar con el Partido Popular, las autonomías implicadas y el sector eléctrico en vista de la polémica que puede derivarse de esta medida.<MC>

La propuesta de texto normativo otorga preferencia de compra a la luz generada con carbón de forma que mientras ésta se ofrezca en el mercado, las compañías tendrán que adquirirla antes que la procedente de cualquier otra fuente convencional. El precio de esta energía estará regulado en 45 euros por megavatio hora. De este esquema se deriva el coste total de 200 millones de euros que acarreará la nueva medida.

La norma, además, no se planea con vigencia temporal como solución a un problema coyuntural, sino como una medida definitiva para evitar nuevos problemas con el sector minero. Al menos, hasta el próximo año 2012 cuando, ya saben, se celebran comicios generales.