Pedraz devuelve el caso al juez central de Menores porque no hay certeza de que sea mayor de edad
Las clabes de la polémica
La preocupación del Ejecutivo por que el pirata no sea considerado mayor de edad se fundamenta en que llegado el caso su detención podría ser considerada ilegal; segundo, que la jurisdicción de menores de la Audiencia sólo contempla delitos de terrorismo; y tercero, que una posible impunidad del somalí podría animar a los piratas a utilizar a menores para cometer hechos delictivos El magistrado Santiago Pedraz rechazó ayer la inhibición planteada por el juez central de Menores de la Audiencia Nacional, y por tanto, la celebración de la comparecencia en la que la Fiscalía quería pedir prisión para el pirata. El instructor considera que, al margen de probabilidades, ha de quedar «rotundamente probado» que el somalí sea mayor de edad
Inmediatamente después de la decisión de Pedraz, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurría directamente en apelación ante la Sala de lo Penal. El Ministerio Público considera que «la decisión adoptada por el instructor es errónea y no se basa en datos concretos y fiables, sino en meras especulaciones doctrinales». Da total credibilidad al último informe médico.
Tan pronto como el juez central de Menores, José Luis Castro, tuvo conocimiento del auto de Pedraz, adoptó dos medidas: la primera, de forma cautelar y para regularizar la situación de «Abdu Willy», ordenó su ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado; la segunda, planteó una cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
La Sala Penal resolverá la próxima semana el futuro del pirata al resolver el recurso de apelación y la cuestión de competencia planteada por Castro. Entretanto, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, anunció ayer que este Tribunal «va a dar una respuesta jurídica y lógica» a este caso, y aprovechó la ocasión para pedir la creación de una Clínica Médico Forense
El baile del pirata «Abdu Willy» por la jurisdicción penal general y la del menor no está sentado demasiado bien al Gobierno, que pretende que los jueces declaren al somalí de una vez por todas mayor de edad y pasar página de este lamentable capítulo que se remonta ya al 13 de octubre. Fue entonces cuando el corsario y su compañero comparecieron ante el juez Garzón tras ser trasladados a España por Defensa.
La última decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la de no aceptar la inhibición del Juzgado Central de Menores de este mismo Tribunal -al no quedar «rotundamente probado» que «Abdu Willy» tenga más de 18 años-, devolvía ayer, por segunda vez, la minoría de edad al somalí, y volvía a poner en entredicho las carencias del Estado para asumir el control del presunto menor de edad, pues no está del todo claro cuál será su futuro al no tener la jurisdicción de menores de la Audiencia competencia sobre delitos que no sean de terrorismo. En este sentido, no parece fácil que el delito de piratería se pueda asimilar a aquel tipo penal.
Si a ello se suma, además, que la constatación de la minoría de edad del corsario podría convertir su detención en ilegal, y que una posible impunidad del somalí puede animar a los piratas a seguir utilizando a menores, parecen más que fundamentado el temor del Ejecutivo respecto al futuro de «Abdu Willy».
Así las cosas, y con los nervios a flor de piel, fuentes de la máxima solvencia aseguraron a ABC que desde el Gobierno se está intentando hacer ver a todas las instancias implicadas que lo mejor es que se considere al pirata mayor de edad. Tanto el Gobierno como la Fiscalía se basan en el último informe médico, en el que se concluye que «atendiendo a los distintos métodos radiológicos practicados, con los consiguientes márgenes de error, la edad más probable se sitúa por encima de los 18 años».
Recurso ante la Sala Penal
Mientras esa «probabilidad», que no certeza, ha llevado al juez Santiago Pedraz a optar por «una obligada interpretación a favor del reo» (la ley del Menor es más favorable), desde el Gobierno el ministro Francisco Caamaño ya se apresuró a asegurar el mismo jueves, tan pronto como se conoció el informe médico, que lo del pirata «no es un lío». «Sencillamente -sentenció- es un problema de pruebas médicas distintas, y las de mayor intensidad han confirmado la mayoría de edad en una situación difícil técnicamente de determinar».
Y es que el Ejecutivo, al igual que la Fiscalía, considera que los últimos análisis practicados al somalí (una ortopantomografía, una radiografía de la muñeca izquierda y otra de la cresta iliaca), realizados en una clínica privada con la que trabaja la Comunidad de Madrid, son «concluyentes», y no cabe la devolución de la causa al juez de Menores. Así lo plantea el Ministerio Público en el recurso que ha presentado contra la decisión de Pedraz de no aceptar la inhibición del juez de Menores José Luis Castro y devolverle el control sobre el somalí.
En un duro escrito dirigido a la Sala de lo Penal, a la que pide que tramite este recurso de apelación de forma urgente, se asegura que, tal y como acreditó el perito responsable de este último informe ante el juez central de Menores, «el grado de error sería insignificante, ya que con la sola prueba dental (la ortopantomografía) quedaría acreditada la posibilidad de la mayoría de edad en margen superior al 97 por ciento (...)».
El fiscal Jesús Alonso señala, además, que, a diferencia de lo sostenido en el auto de Pedraz, los forenses «carecen de conocimientos técnicos específicos para considerarse expertos en la materia, en la que sin mayores pruebas científicas determinan que no pueden acreditar su mayoría de edad, aunque sí que supera los 17 años».
Una decisión «errónea»
Se refiere Alonso a las dudas que para los forenses de la Audiencia Nacional (a los que Pedraz sometió ayer a contraste el informe aportado por la Fiscalía) sigue suscitando la edad del somalí. «Llama poderosamente la atención -prosigue- lo argumentado por el juez y el forense de determinar una edad de 17 años sin haber practicado pericia alguna de carácter científico técnico y que, sin embargo, rechacen una pericia concluyente». «La decisión adoptada por el instructor es errónea y no se basa en datos concretos y fiables, sino en meras especulaciones doctrinales», señala.
Por su parte, Pedraz basa su argumentación en los informes de los forenses de la Audiencia, que ayer volvieron a expresar sus dudas sobre la edad del somalí, en el sentido de que no es posible precisarla con exactitud al haber un margen de error. «Podría cuestionarse -dice- el carácter «oficial» que tiene el (informe) del médico forense a diferencia del realizado por el doctor Abadal, de carácter «privado»», pero en este caso ni siquiera es necesario (...): Admitiéndose que existan muchas (o muchísimas, si se quiere) probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso los informes establecen con seguridad plena una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado».
