La ministra quería que ampliara la zona de actuación a las Seychelles. El Gobierno rectifica y permitirá a las empresas privadas usar armamento de guerra
El Gobierno empieza ahora a ceder a las peticiones que, desde el mes de abril, le venían haciendo los armadores atuneros que faenan en el Índico para aumentar la protección de los barcos frente a los piratas. Una de las exigencias más importantes que le hacían a la ministra de Defensa, Carme Chacón, es que pidiera a la Unión Europea que ampliara los objetivos de la misión «Atalanta» para que diera protección a los pesqueros. La ministra lo intentó ayer, pero utilizó otra vía, como es la reunión informal de ministros de Defensa de la OTAN, que se ha celebrado en Bratislava, pero no lo consiguió.
Su intención, como así lo manifestó la ministra el jueves, era la de sacar a relucir el tema, pero Chacón no ha encontrado ningún eco a sus planes. La maniobra política era la de conseguir que la misión de la OTAN en la zona aumentara su cooperación con «Atalanta», y dedicara sus agrupaciones navales a dar también cobertura a las actividades pesqueras, extendiendo su zona de operaciones hasta la costa este de Somalia y las islas Seychelles.
Ninguna mención
La ministra tenía pensado exponer sus inquietudes en la cena del jueves en la que sólo participaron los ministros (sin la presencia de los embajadores o de asesores) y así lo explicó en una breve declaración a la prensa. Ningún otro asistente ha confirmado si lo hizo o no, aunque lo cierto es que ayer por la mañana, al dar cuenta de los resultados de la cena, la ministra no hizo ninguna mención al asunto.
Fuentes diplomáticas habían adelantado la semana pasada que no existía el consenso necesario en el Consejo Atlántico para pedir una mayor implicación específica de los aliados en la lucha contra la piratería. En primer lugar porque la mayoría de los países de la OTAN son también miembros de la Unión Europea y, por ahora, es en el contexto de la operación «Atalanta» donde se desarrolla la contribución de la mayoría de armadas. Y, en segundo lugar, porque en la OTAN no hay en estos momentos ningún otro escenario más importante que el de Afganistán. De hecho y aunque se trataba de una reunión informal en la que no se prevé tomar decisiones concretas, el tema de la piratería no apareció en ninguno de los documentos ni en las comparecencias del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ni del secretario de Defensa norteamericano Robert Gates.
La segunda cesión, aunque ésta con más éxito porque está en sus manos, se produjo ayer en el Consejo de Ministros, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha terminado por claudicar ante la peticiones de los armadores de que se autorice a la seguridad privada llevar en los barcos armamento de guerra (metralletas y fusiles de asalto). El Gobierno ha terminado por claudicar a lo que los armadores le pidieron el pasaron 28 de mayo y la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega anunció ayer que el Ejecutivo modificará el reglamento de seguridad privada, para permitir el uso de armas de guerra de calibre inferior a 20 milímetros.
El Gobierno estudió un informe sobre estas «medidas extraordinarias» y redactará un decreto, que remitirá de forma urgente al Consejo de Estado, para su aprobación el próximo viernes.
Además, el Ejecutivo se ha comprometido a abrir una línea de financiación, a través del Ministerio de Medio Marino. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores realizará un intercambio de notas con Seychelles para poder trasladar las armas españolas, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, en situación de tránsito y directamente a los buques.


