«La aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) supondría una grave pérdida para el patrimonio histórico y cultural de Cataluña, donde siempre ha existido una secular tradición a los toros». Es uno de los rotundos mensajes que lanza la Asociación Taurina Parlamentaria ante la ley antitaurina que se cuece en tierras catalanas. La nueva directiva de la citada entidad -con Miguel Cid Cebrián como presidente, Pío García-Escudero como vicepresidente y compuesta por parlamentarios nacionales y autonómicos, eurodiputados y ex parlamentarios de diversos grupos políticos- se ha reunido en el Palacio del Senado y ha firmado una declaración en la que da su respaldo incondicional a los parlamentarios de Cataluña que apoyan la Tauromaquia.

La Asociación Parlamentaria respeta «el libre derecho de proponer iniciativas dentro de los cauces legales», pero afirma que la prohibición significa «atentar gravemente contra la pluralidad de aficiones y preferencias que es consustancial en una sociedad libre y democrática». E inciden en que no se vulnere «el respeto a la libertad del pueblo de Cataluña en una manifestación tan arraigada como la Fiesta, por lo que exigimos tolerancia para quienes desean su continuidad».

Bien de interés cultural

La nueva junta directiva de la Asociación de Parlamentarios ha decidido iniciar gestiones con las Comunidades Autónomas para que contemplen la posibilidad de declarar Bien de Interés Cultural a la Fiesta de los toros, «lo que abriría las puertas a una declaración nacional e incluso universal». También han aprobado una serie de actividades, como la celebración en enero de una jornada para debatir sobre los diversos reglamentos.

Además, fallaron sus premios de 2009. Éstos son los galardonados: el escultor Venancio Blanco, la Asociación Tauromáquica de las Azores, la Fundación José Tomás, Castilla-La Mancha TV y el embajador francés Bruno Delaye.