El Gobierno pone hoy en marcha el segundo gran plan de Zapatero para salir de la crisis, después del fracaso del Plan E -dotado con ocho mil millones de euros-, que no ha logrado contener las cifras de paro, pero sí ha regado España de carteles para intentar vender la idea de que el Ejecutivo hace algo para frenar el desempleo. Cuando el Consejo de Ministros apruebe hoy el Fondo Social para la Sostenibilidad y el Empleo, como así han confirmado a ABC fuentes solventes, se le abrirá a los ayuntamientos un grifo económico que, sin ninguna duda, aliviará la asfixia financiera que padecen, pero queda por ver si incrementará los empleos vinculados a la dependencia y a los proyectos relacionados con la economía sostenible como los tecnológicos y energías renovables, a los que va dirigido.

Guarderías y becas

Aunque la teoría que inspira el nuevo fondo -anunciado por Rodríguez Zapatero el pasado 9 de septiembre en el debate monográfico sobre la situación económica que se celebró en el Congreso- es la protección de los gastos sociales vinculados a los más «desprotegidos» (comedores escolares, guarderías o becas), como indicó Chaves en su día, la realidad es otra. Se trata de compensar a los Ayuntamientos ante la falta de un modelo de financiación local, que ha sido imposible cerrar junto a la autonómica. Esa es la gran verdad de este Fondo, y no otra.

La inyección económica es tan elevada que difícilmente ninguna formación política se opondrá en el Congreso a la convalidación del decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros, y mucho menos la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, el socialista Pedro Castro, ha encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse para no exigir al Gobierno que cumpla su compromiso: la aprobación de un sistema de financiación local que clarifique las competencias de cada Administración pública y diseñe una fórmula de financiación de las mismas. Con ello se trataba de evitar que los ayuntamientos paguen servicios que no le corresponden y engorden una deuda que ya es insostenible.

Tan verdad es que con este fondo se trata de aliviar las arcas municipales, que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha sido sensible a una situación que conoce bien y ha decidido subir del 15 al 20 por ciento, el porcentaje del fondo que se va a destinar a financiar el gasto corriente de los ayuntamientos vinculado al gasto social y a la dependencia. Este es el dato final que se ha introducido en el decreto ley que aprobará hoy el Gobierno, y que representan mil millones de euros, la misma cantidad que dejarán de recibir los ayuntamientos al descender su Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al caer también la recaudación fiscal. Esta cifra es sensiblemente menor al 60 por ciento que había reclamado la FEMP. El porcentaje será difícil modificar, según las fuentes consultadas por ABC, ya que el decreto ley se convalida o no, aunque es posible presentar alguna enmienda dentro de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sólo si el Gobierno cambia la cuantía, que no es lo previsible.

Colaboración bancaria

Este nuevo fondo entrará en vigor en enero de 2009, aunque en diciembre pueden comenzar a aprobarse los primeros proyectos. Queda todavía por definir la propuesta que lanzó el ministro Manuel Chaves de pedir la colaboración de los bancos y cajas de ahorro, para que adelanten el 20 por ciento del total del proyecto que, en el anterior Plan E, tenían que poner los ayuntamientos, mientras que el Estado entregaba el 70 en el momento de aprobar el proyecto. Ello aliviaría aún más la asfixia económica.