La Fiscalía protagonizó ayer una comparecencia sin precedentes, pero necesaria, dada la tormenta judicial y política que ha generado la decisión del juez Juli Solaz de mantener en libertad a los dos principales implicados en el expolio de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, Félix Millet y Jordi Montull. La fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Teresa Compte, convocó ayer una rueda de prensa en la que advirtió de que, en contra del parecer del magistrado instructor, sí hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El ministerio público anunció el martes que presentará un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de dejar en libertad sin fianza a Millet y Montull, a los que sólo ha retirado el pasaporte. La Generalitat y las acusaciones particulares que representan a la actual dirección del Palau también impugnarán el auto, uno de los más polémicos dictados por la justicia catalana y que ha sido criticado incluso por otros jueces. Solaz alegó que, con la ley en la mano, no podía decretarse la prisión provisional para ambos inculpados. «La ley no es automática, deja margen de ponderación al juez», dijo Compte, quien atendió a los medios de comunicación junto al fiscal que comenzó la investigación, Emilio Sánchez Ulled, y quienes la siguen ahora, Francisco Bañeres y Pedro Ariche.
Medidas cautelares
Respecto al hecho de que el ministerio público no solicitara el encarcelamiento de los dos imputados cuando presentó su querella en junio, lo que ha sido alegado por el magistrado para dejar libres a Millet y Montull, el fiscal Ulled explicó que entonces no se conocían todos los hechos como ahora, después del registro del 23 de julio del Palau y de la confesión de Millet y Montull. Pero recordó que ya en aquella ocasión se pidieron otras medidas cautelares alternativas a la prisión como la suspensión de todos los cargos de los inculpados en la Fundació, el Orfeó y el Consorcio; el nombramiento de administradores judiciales; la retirada del pasaporte, y el embargo de cuentas y bienes. El pasado lunes, día en que los máximos responsables del desvío de dinero comparecieron ante el instructor de la causa, la Fiscalía sí solicitó el encarcelamiento preventivo.
La asociación Jueces para la Democracia expresó ayer su apoyo al juez Juli Solaz. En esta línea, veinte de los 33 jueces de Instrucción de Barcelona pidieron a la juez decana, Maria Josep Feliu, que traslade a la Sala de Gobierno del TSJC y al Consejo General del Poder Judicial las críticas de dos magistrados de la Audiencia de Barcelona a la actuación del instructor.
El «caso Palau» también tiene sus ramificaciones políticas, pues esta institución subvencionó a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Converg_ncia, con 630.000 euros entre los años 1999 y 2008. El director de esta Fundación, Agustí Colomines, envió ayer una carta al nuevo equipo gestor del Palau de la Música, en la que se ofrece a «hablar y contrastar» la documentación sobre los convenios entre ambas instituciones. Los socialistas catalanes, han utilizado estas ayudas como arma arrojadiza contra CiU a un año de las elecciones autonómicas. Ayer, todos los grupos parlamentarios defendieron el recurso que las acusaciones han presentado contra el auto del juez Solaz, aunque CiU fue algo menos contundente. Su portavoz, Oriol Pujol, invitó al Gobierno catalán a cambiar la ley si quiere encarcelar a Millet y Montull, en lugar de «tirar fuegos de artificios» anunciando recursos.
