De presunto autor de un robo con violencia y de 36 delitos de detención ilegal, los de la tripulación del «Alakrana», a un centro de protección (que no de internamiento) de menores de la Comunidad de Madrid. Así se resume la situación de «Abdu Willy», uno de los dos piratas a los que Garzón envió la semana pasada a prisión, y para quien el juez Santiago Pedraz acordó ayer la libertad basándose en que es menor de edad. Esta decisión se produce 22 días después del secuestro del buque español, en plena negociación, y cuando los piratas somalíes ya han puesto sus condiciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordaba la libertad del somalí al no poder constatar los forenses la mayoría de edad del imputado. Y es que tras ser sometido a nuevas pruebas -el examen médico de la semana pasada se había limitado a la calcificación ósea de sus muñecas-, tres forenses de la Audiencia concluyeron que únicamente podían establecer una edad mínima de 17 años, «careciendo de datos que nos permitan indicar con total certeza que el informado haya alcanzado la mayoría de edad».

Recurso ante la Sala Penal

Ante esa tesitura, y una interpretación favorable al reo, el juez Pedraz acordó la libertad del somalí, pues los menores de 18 años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, «sino que han de someterse» a la ley del Menor, como recuerda el magistrado en el auto. Nada más conocer la decisión de Pedraz, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaron que recurrirán este auto de libertad ante la Sala de lo Penal, pues, a diferencia del magistrado, el Ministerio Público entiende que el informe forense no descarta que el pirata sea mayor de edad, sino que simplemente sitúa su edad mínima en los 17 años.

Por lo pronto, uno de los primeros problemas que planteó ayer la libertad del pirata fue la laguna jurídica en la que en estos momentos se encuentra, pues si no llega a intervenir la Fiscalía, a punto estuvo ayer de vagar por las calles de Madrid con la carta de presentación de Garzón (su imputación) bajo el brazo.

El problema se planteó porque, por un lado, la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional no tiene competencia en delitos que no sean de terrorismo -y en este caso lo son de detención ilegal-; y por otro, porque la Fiscalía de Menores de Madrid rechazó hacerse cargo del somalí al recordar que sólo tiene competencia en el ámbito de esta comunidad autónoma, y no en el caso de delitos cometidos por menores en el extranjero.

Fuentes jurídicas recuerdan, además, que tampoco es técnicamente correcto considerar que el pirata se encuentra en una situación irregular en España (lo que motivaría la intervención de la Fiscalía madrileña), pues son las propias autoridades españolas las que le han colocado en esta tesitura. El pirata, recuerdan, no vino por su propio pie,sino arrestado, junto a su compañero, por orden de Garzón.

Hasta que se resuelva su situación legal y se aclare quién se hará cargo de este delincuente, la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional ordenó ayer a la Policía que cuando el pirata sea excarcelado se le traslade a un centro de protección (que no de internamiento) de menores por su situación de «desprotección» y «desvalimiento». En cuestión de horas, el somalí ha visto cómo se transmutaba su situación personal y pasaba de verdugo a víctima.