El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer sin consenso ni con la oposición ni con la Iglesia, entidad fundadora de Cajasur —concretamente el Cabildo Catedralicio—, el decreto ley que modifica la norma de cajas andaluza. Su cambio es necesario para que la entidad financiera cordobesa se fusione con Unicaja y Caja Jaén.

Pese a que Cajasur lanzó un duro «órdago» en forma de comunicado en la noche del lunes dejando en el aire la unión, la Junta no cedió en el principal aspecto en liza. En la citada nota de prensa, la entidad dirigida por Santiago Gómez Sierra dejaba entrever su temor a perder cuota de representatividad en fusiones ulteriores a la que está ahora sobre la mesa para crear Unicajasur. Es decir, quería que la reforma de la ley salvaguardara el peso de la Iglesia en los órganos de gobierno de cualquier caja que naciera de posibles posteriores procesos de concentración en los que participara Unicajasur. Cajasur considera que ésta era una cuestión ya establecida en sus acuerdos previos con Unicaja.

Pero, no lo ha logrado. El decreto ley deja claro que «en el caso de que la entidad resultante del proceso de fusión a la que se refiere el apartado 1 \[la de Unicajasur\] participara en ulteriores proceso de fusión, los porcentajes y representación correspondientes a las entidades fundadoras previstos en dicho apartado 1 se ajustarán en función de los acuerdos de fusión alcanzados en los nuevos procesos, conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación». O sea, la Iglesia no tendría asegurada su posición, a diferencia de lo sucedido hasta ahora, donde ha logrado siempre parcelas de poder especiales, incluso en Unicajasur, sustentándose en leyes estatales.

Y es que una de las cosas que sí consiguió Cajasur con el comunicado que emitió el lunes por la noche fue que la Junta aceptara que el decreto ley plasmara expresa y exactamente el número de representantes de la Iglesia en los órganos de gobierno de Unicajasur, tal y como había acordado con la entidad financiera que dirige Braulio Medel. Así, lo reconoció en su comparecencia de ayer la consejera de Economía, Carmen Martínez.

Peso del 7%

Tendrá 21 representantes en la nueva asamblea sobre 300. Dispondrá de 2 vocales en el consejo de administración de un total de 25 integrantes. En la comisión ejecutiva, contará con un representante de una docena de miembros. Por último, en la comisión de control, el Cabildo tendrá un vocal sobre un global de 12. Su representación obedece a un 7% de los integrantes de los distintos órganos.

En el haber de Cajasur también habrá que apuntar, aunque esto ya se conocía desde hace tiempo, que el nuevo texto permite que las cajas que nazcan de una fusión puedan contar con una vicepresidencia ejecutiva segunda. En Unicajasur la ocupará la Caja cordobesa.

Pero, la entidad que dirige Gómez Sierra también se ha tenido que dejar «pelos en la gatera». Así, aunque en algún borrador del decreto ley aparecía el mantenimiento en Unicajasur de la excepción que permitía a los religiosos con cargos de gobierno en Cajasur jubilarse a los 75 años, finalmente no fue incluido. La Iglesia renunció a él y ahora sus canónigos tendrán que dejar los órganos de gobierno de Unicajasur a los 70.

De hecho, la modificación deroga la disposición sexta transitoria de esta norma, por la que en 2005 los entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el consejero de Economía, José Antonio Griñán, dieron estos privilegios a los canónigos tras volver Cajasur a la tutela de la Junta.

Además, en la Caja cordobesa esperaban que el decreto ley reflejara que esta entidad financiera gestionaría algún órgano de carácter social en Unicajasur, como aparece en el acuerdo de unión con Unicaja. Sin embargo, lo que se incluye en la modificación de la norma es sólo una frase genérica que señala, como uno de los puntos obligados para que la Junta acepte una fusión, que dicha unión permita la «continuidad de la Obra Social de las cajas que participan en la operación».

IU y la «privatización»

Pero, además, la aprobación de esta modificación en la Ley de Cajas regional se ha producido sin un acuerdo con PP e IU. Los populares han visto cómo sus tres peticiones no pasaban el corte: que las Diputaciones tuvieran la misma proporcionalidad de representación que el nivel municipal y el autonómico; que no hubiera cargos públicos electos en los consejos de administración; y que el decreto sólo variara cuestiones puntuales de la norma. Para el PP, los cambios se enfocan a que el PSOE se «perpetúe» en las cajas.

IU también ha mostrado su malestar con la Junta. Denuncia que ésta se ha limitado a rechazar sus propuestas y que avanza hacia la «privatización» de las cajas al reducir la mayoría necesaria para la emisión de cuotas participativas —un instrumento para el aumento de recursos—.