De alcalde vitalicio a «cacique»
«Es un cacique». Así define al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, un miembro del comité de empresa de la sociedad mixta de servicios municipales, sobre la que pende un expediente de regulación de empleo que cuenta con el visto bueno del regidor. Enciso es, a decir de Paco, un joven vecino de la ciudad, «un político corrupto que, amparado en el respaldo popular, ha desarrollado una gestión destinada a su propio beneficio y al despilfarro del dinero público».
Juan Enciso es también uno de esos alcaldes casi vitalicios enraizados en determinados municipios andaluces. Y fue en su día uno de los hombres fuertes del PP andaluz, del que comenzó a distanciarse tras los sucesos racistas de 2000. La lucha interna por el control de la Diputación de Almería derivó en una prolongada polémica con Javier Arenas que se saldó con su salida del partido y la constitución de una nueva formación política, el PAL, con el que hasta ayer mismo gobernaba en comandita con el PSOE la administración provincial. En su pueblo, además de cosas bastante feas, le llaman «El Chato», un apodo de familia.
Las víctimas de su forma de gobernar son numerosas. Como la venganza se sirve en los postres, alguna de ellas permaneció ayer durante horas ante el Ayuntamiento con la esperanaza de ver pasar el cadáver político de su enemigo. Su otrora partido, el PP, tampoco disimuló en exceso su satisfacción por un desenlace que pone en principio fin a la carrera política de quien en las últimas elecciones le dobló el pulso en El Ejido.
La corrupción sigue su gira de otoño por la costa andaluza. El alcalde de El Ejido, Juan Enciso Ruiz, del Partido de Almería (PAL), fue detenido ayer junto a otras 19 personas, entre ellas el interventor del consistorio, José Alemán, como presunto autor de un surtido completo de delitos económicos (blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil). Las detenciones tuvieron lugar, además de en el municipio egidense, en Almería capital, Madrid y Sevilla.
Las órdenes de detención partieron del Juzgado número 2 de Almería, que instruye la causa desde que hace dos años IU y PP presentaron una denuncia en la Fiscalía para que investigara presuntas irregularidades en la gestión de la empresa mixta de servicios municipales El Sur, el nido de la serpiente de la trama, desde la que presuntamente se han desviado decenas de millones de euros de fondos públicos (se teme que la cifra pueda llegar hasta 150 millones de euros) a sociedades dirigidas por personas relacionadas con Enciso.
«Se veía venir»
La detención del alcalde, precedida por la irrupción de decenas de agentes de la Policía Nacional en el Ayuntamiento egidense, se produjo en torno a las 9.30 horas de la mañana. Minutos después, centenares de vecinos se concentraban ante el consistorio, atraídos por la curiosidad y el morbo de ver a sus gobernantes.
«Se veía venir», dijo uno de ellos, antiguo empleado de los servicios jurídicos municipales, quien aventuró que la operación iniciada desembocará en nuevas imputaciones a prohombres de la sociedad de El Ejido que se han beneficiado de esta empresa mixta, encargada, entre otras funciones, del abastecimiento de agua, el suministro eléctrico y la jardinería.
El comité de empresa de CC. OO. en la sociedad mixta, reunido en una cafetería adyacente al Ayuntamiento, apuntó a este periódico que la gestión está trufada de ilegalidades. Indicó que al amparo de El Sur, presidida por el alcalde y participada en un 30 por ciento por la administración local, han obtenido réditos millonarios varios personajes del municipio. En síntesis, la irregularidad consistía, según el sindicato, que también presentó una denuncia por esta causa, en que, en contra de lo establecido en el pliego de condiciones, El Sur, que prohíbe desviar servicios, subcontrataba trabajo a «empresas lapa», que se beneficiaban de las anteriores, dirigidas por personas vinculadas con el alcalde. La docena de sociedades investigadas sólo aportaban personal, pero no material, lo que les permitía obtener enormes beneficios.
Para conseguir sobre el terreno pruebas de la existencia de la trama el Ministerio del Interior no escatimó en agentes. Miembros de las unidades de apoyo de Policía Judicial, intervención general de la administración del Estado y agencia tributaria adscritas a la Fiscalía Anticorrupción inspeccionaron los ordenadores de los implicados y buscaron en los archivos datos que reforzaran la acusación, apuntalada por conversaciones telefónicas intervenidas por orden del juez desde hace varios meses. Al entrar en el edificio se acordonó la zona, por lo que durante un tiempo se impidió entrar o salir tanto a los políticos como a los funcionarios y a los usuarios que se encontraban a esa hora en el Ayuntamiento.
Conforme pasaron las horas, el número de curiosos se redujo considerablemente. Aunque el PAL consiguió mayoría absoluta en los últimos comicios municipales, ni a título personal ni colectivo se produjeron declaraciones de apoyo al alcalde ni a los concejales, quienes, en su gran mayoría, fueron trasladados desde las dependencias municipales a la sede del partido, distante apenas un centenar de metros de la casa consistorial.
«Está en la cárcel»
A última hora de la tarde aún permanecía en la misma el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Berenguel, a quien se le permitió salir a tomar un refrigerio a un cafetería próxima. Antes de entrar de nuevo al Ayuntamiento comentó que desconocía el motivo por el que se llevaba a cabo la investigación policial. En cuanto al alcalde, aseguró que no se encontraba en el interior del edificio y dijo desconocer su paradero. «Está en la cárcel, donde debías estar tú», le informó un vecino.
Ya por la tarde la normalidad era absoluta en la localidad. Como si todo el mundo esperara lo que acababa de pasar, cada uno iba a lo suyo. Nada que ver con las algaradas vecinales a favor o en contra que se desencadenaron tras la operación «Malaya» en Marbella, la desarrollada en el Ayuntamiento de Alhaurín o el de Estepona.
