Piden a las fuerzas políticas y sociales que rechacen la propuesta por perjudicar al desarrollo de las tres autonomías
Los miembros del PP de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (C); de Cantabria, Francisco Rodríguez (I), y de La Rioja, Carlos Cuevas / ICAL
Martes, 20-10-09
Los grupos del PP en los parlamentos autonómicos de Cantabria, La Rioja y Castilla y León decidieron ayer llevar a cabo una estrategia común contra la ley que podría aprobar el Congreso y que supone el «blindaje» del Concierto Vasco. Para ello, firmaron una declaración en la que se anuncian que se llevarán a cabo todas las medidas posibles contra la ley y se critica la actuación de Rodríguez Zapatero y del PSOE, a los que acusan de «pagar un precio político a cambio del respaldo a los Presupuestos Generales del Estado».
Los portavoces del Grupo Popular de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, anfitrión de la reunión; de Cantabria, Francisco Rodríguez, y de La Rioja, Carlos Cuevas, firmaron en Valladolid un documento en el que se denuncia que la Proposición de Ley conculca los principios constitucionales de igualdad, de solidaridad y de unidad de mercado puesto que permitiría que las Juntas Generales puedan competir fiscalmente con el resto de España y muy especialmente con las comunidades limítrofes, al establecer tipos impositivos inferiores del Impuesto de Sociedades, sin ningún tipo de control por parte de la jurisdicción ordinaria.
Esta decisión -aseguran los representantes del PP- no la pueden adoptar las comunidades de La Rioja, Castilla y León y Cantabria al ser las tres de régimen común y no tener competencia sobre dicho impuesto.
Deslocalización
Es por eso por lo que consideran que se produce «un grave inconveniente» para el desarrollo económico de las tres regiones, ya que se producirá la localización de empresas en el País Vasco y la deslocalización en La Rioja, Castilla y León y Cantabria. Ante esta situación, los portavoces del Grupo Popular de los Parlamentos de las tres regiones expresaron su voluntad de formular cuantas iniciativas parlamentarias sean procedentes para impedir que entre en vigor la Proposición de Ley presentada por el Parlamento Vasco en el Congreso de los Diputados consistente en la modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial mediante la cual se pretende que las normas forales fiscales de la Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tengan carácter normativo con fuerza de ley, al considerar que es lesiva para los intereses de los ciudadanos de La Rioja, Castilla y León y Cantabria.
Además, se hace un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas y sociales, y en especial al PSOE de estas comunidades, para que apoyen y respalden esta iniciativa y manifiesten al Gobierno de la Nación su rechazo a la Proposición de Ley que da rango legal a las normas forales fiscales de las Juntas Generales del País Vasco.
El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a ABC que «estamos a tiempo de evitar un perjuicio importante para toda España», al tiempo que destacó que «se va a conceder un privilegio hacia unas corporaciones locales -las diputaciones forales- que no tienen el resto de corporaciones locales de España y cualquier privilegio genera desigualdad».
El portavoz del PP en el Parlamento castellano y leonés recordó que «hasta ahora había cierto equilibrio», porque existía la posibilidad de recurrir cuando la ejecución de esa capacidad normativa era abusiva, pero ahora «ya no tenemos ni eso por lo que se rompe el equilibrio».
También el portavoz del Grupo Popular en Cantabria, Francisco Rodríguez, señaló que con el blindaje del concierto vasco «se avanza hacia la modificación del modelo de Estado que nos hemos dado» ya que «se modifican, de forma unilateral, dos leyes orgánicas para pagar un precio político».
Por su parte, el representante de La Rioja, Carlos Cuevas, insistió en la idea de desigualdad que se produce en el conjunto del Estado y recordó que si los diputados socialistas de las tres comunidades más afectadas no lo apoyasen, la propuesta no saldría adelante, por lo que «está en manos de los socialistas del Congreso y de los diputados de las tres comunidades».
